La industria minero-energética es la espina dorsal de la economía colombiana. Forbes hace un repaso sobre cómo está el sector y cuáles son los desafíos y riesgos que enfrenta en el próximo gobierno.
La industria minero-energética colombiana afronta por estos días una de las mayores incertidumbres de los últimos años. No es sorpresa que hay grandes temores sobre las decisiones de política pública que se podrían tomar a partir del próximo 7 de agosto, por lo que los empresarios continúan a la expectativa sobre cuál será la hoja de ruta que tendrán el petróleo, el gas, la energía y la minería en los próximos cuatro años.
El miedo generalizado entre los actores de este sector obedece a que en los últimos meses los candidatos en contienda han dado a conocer propuestas radicales que tendrían graves impactos en esta actividad productiva. Gustavo Petro, por ejemplo, plantea acabar con la industria extractivista para darle mayor protagonismo a las renovables. Rodolfo Hernández, por el contrario, le dice sí al petróleo y el gas, pese a que sostiene que no permitirá un eventual desarrollo del fracking comercial en Colombia.
Aunque las dos posiciones tienen varias aristas y ponen en juego millones de dólares que se prevén invertir en los próximos años, lo cierto es que empresarios, gremios y académicos hacen un llamado nacional para que no se ‘satanice’ el que es uno de los renglones claves de la economía. La razón, según exponen, se pone en riesgo una billonaria actividad que aporta al desarrollo social del país.
La situación
A poco menos de dos semanas de elegir el nuevo presidente de Colombia, Forbes hace un recuento sobre cómo está la industria minero-energética nacional, qué avances se han logrado en los últimos años y cuáles son los principales retos de cara al corto, mediano y largo plazo.
La tarea está hecha en petróleo y gas, y las cifras respaldan dicha reactivación. Pese a que en los dos últimos años el mundo se vio impactado por el covid-19 y una crisis de suministros que aún sigue poniendo en jaque la economía mundial, se lograron surtir los obstáculos y sacar adelante millonarios contratos que buscan aumentar la autosuficiencia energética del país.
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De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, en cuatro años Colombia firmó un total de 69 nuevos contratos petroleros, que representan inversiones por más de $4 billones. Con una política clara de atraer inversión y aumentar actividad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) apostó por dos procesos permanentes de asignación de áreas y la Ronda Colombia 2021. El resultado: nuevas áreas de exploración ubicadas en tierra firme y costa afuera, con un especial énfasis en un combustible como el gas.
A pesar de que estos nuevos contratos no incidieron en el aumento de reservas (ya que el proceso de exploración y producción se puede extender hasta por una década), este marco regulatorio fue el preámbulo para que las empresas siguieran apostando por nuevos desarrollos. Esto le permitió al país, en 2021, cerrar con unos remanentes que alcanzan para 7,6 años en petróleo y 8 años en gas.
Cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) muestran que al cierre del año pasado la inversión en exploración y producción totalizó US$3.090 millones, una cifra impulsada por un mejor ambiente de precios internacionales del crudo y un mejor clima de inversión.
En este contexto, y gracias a una apuesta agresiva por invertir en negocios de alto valor, Ecopetrol logró consolidarse como uno de los conglomerados energéticos más grandes de América Latina, con resultados históricos y unas millonarias transferencias a la nación.
Tras cerrar la adquisición del 51,4% de ISA en 2021, la petrolera estatal cerró el año pasado con una utilidad neta consolidada de $16.7 billones, la más alta de su historia. “En el pilar estratégico de retornos competitivos me complace anunciar que cerramos el año con un ingreso consolidado de $91.7 billones aumentando 83.4% frente al 2020 y un Ebitda de $42 billones, indicadores récord en su historia”, dijo en su momento Felipe Bayón, presidente de la empresa.
Los buenos resultados del sector petrolero estuvieron de la mano con la agresiva estrategia de una matriz diversificada y limpia. Desde los últimos años, se decidió aumentar considerablemente la participación de las energías renovables no convencionales, por lo que en este momento Colombia avanza hacia un país repleto de proyectos de energía solar y eólica.
Hoy los datos muestran que se tienen en operación más de 20 proyectos solares, dos pilotos de geotermia, un parque eólico y 13 adicionales en construcción, dos pilotos de hidrógeno verde y más de 2.500 megavatios de capacidad instalada en todo el país. Las cifras son alentadoras, pese a que hay varios retos en materia de ejecución que aún están por resolver.
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Y es que actualmente el país está llamando la atención de varios inversionistas a nivel mundial por las oportunidades que hay para el desarrollo de renovables en Colombia. Varios inversionistas internacionales han llegado al país en los últimos años, por lo que se estima que actualmente se están desarrollando inversiones que ascienden los US$2.000 millones para el desarrollo de varias iniciativas.
Es de resaltar que a estos frentes de trabajo también se suma la industria minera, que registró un buen 2021 con una mayor producción de carbón y oro. De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ACM), el año pasado se produjo 20,8 % más de carbón, pasando de 49,3 millones de toneladas a 59,6 millones de toneladas. De este total, 54,4 millones fueron de carbón térmico y 5,2 millones de carbón metalúrgico.
¿Y entonces?
La industria cree que el balance es positivo a pesar de los retos naturales a los que se enfrenta en materia ambiental y económica. No obstante, las mayores preocupaciones que tienen los empresarios obedecen a qué aún es incierto sobre lo sucederá en el eventual caso que se establezca una política radical en la que se perjudique la inversión del sector.
Por eso, Forbes recoge las principales propuestas de Petro y Hernández para analizar el impacto que tendrán, así como los frentes de trabajo a los que se les daría mayor prioridad.
| PROPUESTAS DE GUSTAVO PETRO | PROPUESTAS DE RODOLFO HERNÁNDEZ |
| Desescalamiento gradual del modelo extractivista | Equilibrio en la explotación petrolera con estándares ambientales altos |
| Freno a los proyectos piloto de fracking y desarrollo de yacimientos costa afuera | Industria petrolera como fuente de financiación de las energías renovables |
| No más contratos de exploración y explotación petrolera | Cuidar que las formas de explotación mineras artesanales |
| Prohibición de la gran minería a cielo abierto | Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas |
| Reservas de petróleo y gas se utilizarán para el consumo interno | Crear un programa específico de generación de energía limpia con un serio análisis de suelo, presupuesto, planos y cronograma. |
| Creación de un fondo para la transición energética con recursos de las regalías | Generar confianza a la inversión en el sector minero-energético, a partir de los procesos de seguridad jurídica |
| Se acelerarán las inversiones en energías renovables, especialmente eólica, solar e hidrógeno | Crear una ventanilla única en materia de competencias mineras, de hidrocarburos y ambientales |
| Rigurosos procedimientos para la consulta previa | Reformar el Sistema General de Regalías para que las regiones reciban más recursos |
Petróleo
Con las cartas sobre la mesa y las propuestas de los dos candidatos, surgen varias preguntas sobre la viabilidad de estas decisiones, así como su ejecución en la práctica. No obstante, a simple vista surgen ganadores y perdedores, siendo la industria carbonífera y petrolera los mayores perjudicados en el eventual caso que Petro llegue a la presidencia.
Ante la posibilidad de no volver a frenar más contratos petroleros y apostar por otros sectores estratégicos como la agroindustria y el turismo, tal y como lo ha dicho el candidato de izquierda, se desprenden billonarios riesgos que ponen en aprietos las cuentas fiscales del Gobierno.
La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) argumenta que una política que debilite la exploración y producción de crudo conllevaría a una pérdida anticipada en la seguridad energética del país y a un alto choque cambiario. En cifras, un veto al sector significaría perder más de US$68.000 millones de dólares en divisas entre 2022 y 2032.
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“Con importaciones de petróleo y gas el país sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, el dólar, las tasas de interés, el endeudamiento público y privado”, dijo hace unos días el presidente de la ACP, Francisco Lloreda.
En el eventual caso que no se fomenten más inversiones y nuevos contratos, la producción de petróleo caería en un 47% y la de gas natural 27%. Asimismo, Colombia tendría que importar gas a partir de 2026 y de petróleo desde el 2028.
Lloreda explicó a Forbes hace unos días que una política radical significaría condenar a una industria que durante más de 100 años se ha consolidado en Colombia. “Los más perjudicados serían los sectores más pobres y los estratos más vulnerables de Colombia (…). Perder la autosuficiencia energética no solo es absurdo, sino que es incomprensible”.
Para cuantificar los impactos reales que generaría dicha política pública, la ACP sostiene en un informe que si frena el sector, se dejarían de recibir recursos para lo que cuesta aproximadamente el “40% de los programas solidarios que actualmente benefician a 4 millones de familias colombianas”.
Las restricciones en esta línea impactarían de entrada a Ecopetrol, la principal empresa de Colombia, pues de inmediato el precio de la acción caería. Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Securities, lo explica así: “El precio de una acción es función de las expectativas de ingreso empresarial a futuro que se deflactan a valor presente neto con una tasa de interés (riesgo país). Si cesa la exploración los inversionistas asumirán que los ingresos de la empresa bajarán y que el riesgo país subirá, porque Ecopetrol es el mayor contribuyente que tiene Colombia”.
De acuerdo con Bernal, si la acción de Ecopetrol colapsa se comprometerá inmediatamente el trabajo que está haciendo la empresa en incrementar la inversión en energías alternativas. “Parar la exploración de destruirá la posibilidad de Ecopetrol de invertir en proyectos que pueden ayudar a salvar el mundo”, dice.
La tesis que tienen algunos analistas del mercado la sustenta la calificadora de riesgo Fitch, que asegura que Gustavo Petro aboga por una mayor intervención del Estado en las actividades económicas y de mercado. Con eso, “las empresas petroleras y mineras pueden verse afectadas negativamente por el desmantelamiento gradual de la industria, lo que desincentivar las inversiones, eliminar los beneficios fiscales y prohibir el fracking, la exploración petrolera y la minería a cielo abierto”, dice en un informe publicado hace una semana.
En el eventual gobierno de Hernández, los petroleros son consientes que se daría una mayor flexibilidad para adelantar y firmar nuevos contratos, a la medida que se sigue apostando por aumentar la inversión en energías renovables. No es claro cuál es la política petrolera del exalcalde de Bucaramanga, pero sí ha dicho que no permitiría un eventual desarrollo de fracking comercial en el país.
En este frente, Petro y Hernández coinciden, pues argumentan que el fracking tiene graves impactos sobre el medio ambiente, según estudios. Colombia en este momento adelanta pilotos de la mano de Ecopetrol, por lo que un freno en estas investigaciones significaría la pérdida de US$140 millones de inversión.
Energía
Germán Corredor, director de la Asociación Colombiana de Energías Renovables (Ser Colombia), dice a Forbes que en este momento la industria se ha visto afectada por la crisis de suministros global, una situación que tendrá que resolver el próximo presidente ante las demoras que hay en las entregas de equipos y transporte.
Corredor admite que hay demoras en la entrada de los proyectos asignados en la subasta del 2019, pues son iniciativas que tenían que entrar en enero de 2022, tal y como quedó pactado en las obligaciones contractuales.
“Ninguno de esos proyectos logró ese plazo pero se tienen dos años en los cuales se deben cumplir lo contratos comprando energía”, sostiene. “Se espera que en estos dos años los proyectos entren al mercado, pero sí hay que resaltar que los temas más críticos han sido de la licencia ambiental y consultas previas de líneas de transmisión”.
Algunos proyectos ya están en construcción y otros terminando consultas. El reto del próximo presidente es continuar impulsando un ambiente óptimo para la inversión del sector, de la mano de incentivos tributarios y oportunidades para que más inversionistas extranjeros lleguen al país.
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Petro y Hernández creen que la industria de energías renovables será la gran protagonista de esta década, por lo que los dos incluyen en su plan ambiciosas estrategias para acelerar la transición energética.
En papel se estima que viene más de US$1.000 millones en proyectos renovables no convencionales, tanto de pequeña, mediana y gran escala. Toda esta inversión dependerá de la certidumbre jurídica que se logre gestar en el próximo gobierno, así como de un proyecto de ley clave que tendría que pasar en la próxima legislatura: la ley de coordinación y concurrencia.
Minería
En minería a pequeña, mediana y gran escala también reina la incertidumbre. Ahora que Prodeco ya devolvió sus títulos mineros a la Nación, la industria sigue a la expectativa sobre lo que pasaría con el carbón en el próximo gobierno.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, con el panorama actual y una mejor dinámica de precios del carbón, los aportes del sector minero este año podrían ascender a los $8,8 billones, muy superiores a los $5,2 billones que entregó el sector al país. En estas cifras se incluyen las regalías mineras y los impuestos.
El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, asegura que no se le puede cerrar la puerta a un sector que entrega millonarios recursos para las necesidades sociales del país. De hecho, añade que en este momento las empresas trabajan con los más altos estándares de sostenibilidad.
En el eventual caso que se frene la producción minera, especialmente del carbón, el líder gremial detalla que para reemplazar los aportes actuales de la minería formal se tendría que incrementar cuatro veces el sector de información y comunicaciones, seis veces el agro colombiano, siete veces el sector cervecero, 16 veces el sector de las confecciones, 40 veces la producción de cemento y 70 veces la panadería.
Hoy el sector minero aporta 2,1% al producto interno bruto del país, el 15% de la inversión extranjera en Colombia. Por cada peso que genera la minería, según explica la ACM, se generan 2,4 pesos en otros sectores; aportes por más de 5 billones de pesos en impuestos y regalías en 2021 y representa 1 de cada 3 dólares de las exportaciones totales del país.
Petro ha dicho que presentaría un plan para que los trabajadores de la minería a cielo abierto se trasladen a otros sectores estratégicos. Sin embargo, desde el sector se sigue exigiendo que no se satanice la actividad, pues es un negocio que emplea a por lo menos 160.000 personas en Colombia.
Es de resaltar que a esta incertidumbre del sector carbonífero se suman las preocupaciones sobre si proyectos como Quebradona, de AngloGold Ashanti, tendrían alguna oportunidad para su ejecución.
Por ahora es incierto sobre lo que pasará el próximo 7 de agosto, pues una política radical en este sector pondría en peligro la sostenibilidad fiscal de Colombia, así como billonarios recursos que se invierten en educación, salud e infraestructura.