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Así va el dilema medioambiental de los pilotos de fracking en Colombia

La suspensión de los pilotos de fracking liderados por Ecopetrol, que fue revocada el pasado viernes, abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la protección medioambiental. Al respecto, Forbes consultó a Rodrigo Suárez, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), sobre el impacto de estos proyectos a futuro. Estas son las perspectivas.

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Cortesía: Anla

Pese a que el Consejo de Estado aún mantiene la suspensión para la exploración y producción de crudo y gas en yacimientos no convencionales (YNC) mediante el fracking, no hay ningún impedimiento que restrinja la realización de proyectos piloto de investigación.

Este aspecto fue fundamental para que el Tribunal Administrativo de Santander revocara el pasado viernes la tutela impuesta por la Corporación Afrowilches para suspender los piloto de fracking Kalé y Platero, liderados por Ecopetrol en el municipio de Puerto Wilches, ubicado en el departamento de Santander.

“Para salir de esa incertidumbre, que va en línea con lo que dijo la Comisión de Expertos del Ministero de Minas, recomendamos que existan en el país unos pilotos de investigación”, explicó a Forbes el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez.

La decisión, que se dio en segunda instancia, fue posible gracias a que los proyectos no incluyen la fase exploratoria o de desarrollo comercial, que se lleva a cabo mediante fracking, también conocido como la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal sobre Yacimientos No Convencionales (YNC).

Cabe destacar que los dos pilotos que lidera Ecopetrol surgieron de una convocatoria pública liderada por la Anla, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En dicho proceso, se definió un decreto que expidió el Gobierno Nacional para definir unas etapas de dichos proyectos.

“Hay un proceso de evaluación para revisar si estos pilotos permitirían que en el país exista la posibilidad de pasar a etapa de exploración y explotación, entonces es una evaluación de política pública que no hace la Anla. Allí estarán seguramente los ministerios y personas de otros grupos de interés, quienes definirán si se puede hacer exploración y explotación. Allí pasaríamos esa fase, si es el caso”, comentó Suárez.

El directivo explicó que la actividad de los pilotos de investigación es igual a un proyecto de exploración de hidrocarburos, excepto en la etapa del fracturamiento hidráulico, que viene siendo la gran diferencia. Allí es cuando se hace la perforación vertical, pero en los pilotos hay una etapa horizontal.

Si bien las protestas de los sectores ambientalistas radican en esa técnica, la Anla ya tomó la decisión de que el proyecto Kalé tiene viabilidad ambiental, porque “consideramos que los impactos de la plataforma son mitigables porque hay unas medidas de manejo frente al tema no hay aprovechamiento forestal”, de acuerdo con Suárez.

Sin embargo, el ejecutivo destacó que sí hay una concesión de agua sobre el río Magdalena, aunque dicha medida figura como plan B, pues la primera opción contempla el uso de agua subterránea a más de tres kilómetros. Al mismo tiempo, se trataría de agua que salada que no compite con la de consumo humano, lo que reduciría el conflicto a nivel internacional.

“Tenemos que leer detenidamente si hay algunas consideraciones por para la autoridad ambiental, pero nosotros ya dimos la viabilidad, es decir, que consideramos que la forma que presentó Ecopetrol permite prevenir, mitigar, corregir y compensar”, concluyó.

Otros proyectos

Además de los pilotos de fracking, hay otros dos proyectos de vital importancia para el futuro ambiental de Colombia, y son aquellos relacionados con la explotación minera en el municipio antioqueño de Quebradona y el páramo de Santurban, ubicado entre Santander y Norte de Santander.

En el caso de Santurban, lo primero que se debe considerar es que la ley ha definido que los páramos tienen una categoría en donde no se pueden hacer actividades de alto impacto. Asimismo, se considera que las actividades en proceso de licenciamiento son aquellas que generan un deterioro grave, por consiguiente, actividades sujetas a licenciamiento no podrían estar ubicadas en páramos.

Esto aplica para el proyecto Sotonorte, liderado por la Sociedad Minera de Santander (Minesa), caso en el que la Anla consideró que se ubicaba muy cerca del páramo. Al respecto, Suárez mencionó que, cuando la institución empezó a hacer la evaluación del proyecto, dicho proceso tiene un factor de influencia que analiza hasta donde impacta el proyecto.

“El área de influencia tiene tres componentes: un componente físico, que abarca todo lo que es geología e hidrogeología; lo biótico, que es la cobertura de bosque alto/andino y de páramo como tal; así como el aspecto socioeconómico”, explicó el directivo.

A juicio de la autoridad, el trámite de licenciamiento carecía de información suficiente para determinar su viabilidad, por lo que el proceso para explotacióin minera sigue suspendido.

En el caso de Quebradona se dio una situación similar. Quizás allí lo más importante no era la cobertura vegetal como tal, pero el área de influencia fue clave para el análisis desde dos puntos: el paisaje y la hidrogeología (relación de agua superficial y subterránea).

Con eso en mente, la Anla consideró que la información que había entregado Anglogold Ashanti no era suficiente para tomar una decisión, por lo que decidió archivar el proyecto desde el pasado 1 de mayo.

Transición energética y reducción de emisiones

Contrario a lo que muchos creen, las principales emisiones de Colombia no están concentradas en los hidrocarburos, sino en un grupo conocido como Afolu (agricultura, forestal y uso del suelo), que tiene más de 50% de emisiones, mientras que el sector industrial está por debajo de 5%.

Por ello, Suárez destacó que la apuesta central de la reducción de gases de efecto invernadero radica en detener la deforestación, cuyos principales focos están en Amazonía, el Caribe, Antioquia y el Catatumbo, zonas donde también hay presencia de actividades ilícitas.

No obstante, también hay que tener en cuenta que el consumo energético ha ido en aumento con el paso de los años, razón por la que el ejercicio de transición energética es clave, principalmente en el sector de transporte.

Justo en este campo, hay que tener en cuenta que la llegada de proyectos 5G, como la malla vial del Valle del Cauca, así como la APP del río Magdalena, plantean una revolución vital para Colombia en este campo, por lo que se les debe tener en cuenta al configurar las estrategias ambientales en torno al transporte.

Para Suárez, el proceso de licenciamiento no debe ser el último eslabón de una cadena, sino que “deberíamos estar en unas etapas previas. En ese sentido, el trabajo que ha venido haciendo la entidad y la subdirección de instrumentos permisos y trámites ambientales ha sido clave, porque lo que hemos buscado es hemos hecho unos acuerdos con diferentes sectores”.

Aquí ha ganado relevencia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes han tenido acceso privilegiado a información para que puedan tomar la mejor decisión al seleccionar las alternativas para trazar los proyectos.

“El día de mañana, esas vías buscan general los menores impactos posibles. Esa lógica es la que hemos tratado”, sostuvo Suárez, quien también recalcó el hecho de que el último Conpes de infraestructura de quinta generación ya empieza a incluir varios temas de sostenibilidad.

“El Conpes empieza a catalogar los proyectos bajo la premisa de sostenibilidad, incluyendo el tema de cambio climático desde la migración de gases de efecto invernadero, así como de la adaptación al cambio climático, incluyendo la variabilidad climática”.

A la fecha no hay ningún proyecto de quinta generación que haya sido erradicado por la Anla.

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