Se habrían perdido $500.000 millones de recursos que eran para municipios golpeados por el conflicto

Como la espuma está creciendo un escándalo en Colombia por un entramado de corrupción a través del cual líderes políticos y contratistas habrían organizado un entramado de corrupción para apoderarse del 12% de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.

Ocad-Paz es un órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a 170 municipios que, por el acuerdo de paz, fueron incluídos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto.

Entre junio y diciembre de 2021, cuando le dieron luz verde a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos, reportó primero Blu Radio, medio que por seis meses hizo una investigación periodística que originó el escándalo.

Desde el año pasado han estado llegando quejas y denuncias a los entes de control sobre este presunto entramado de corrupción.

Entre las pruebas aportadas se encuentra el testimonio de alcaldes, quienes habrían visto truncados sus proyectos por no participar del supuesto entramado de corrupción. En síntesis, el OCAD Paz poner a competir a los 170 municipios para aprobar los acuerdos. Las propuestas de los alcaldes PDET deben tener previamente el visto bueno de la DNP, la Contraloría, el ministerio correspondiente y la Agencia de Renovación de Territorio. Alcaldes que lograron avances con la plata de la paz, dicen las fuentes, habrían entregado coimas para ser seleccionados en las sesiones del OCAD Paz.

“Respecto de ese y todos los temas a mi cargo, durante todo mi ejercicio, invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”, dijo en una carta el ex consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el OCAD Paz.

El exfuncionario que afirma en desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, “denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”.

En medio del escándalo se menciona a Álvaro Ávila. El funcionario era el director del Sistema General de Regalías de la DNP y estaba en la secretaría técnica del OCAD Paz. Se encargaba de elegir los proyectos que se revisarían en las sesiones y se suponía que debía valorar el orden en el que los alcaldes inscribían sus planes. Al parecer, los alcaldes de Orito (Putumayo) y Condoto (Chocó), se quejaron por escrito tras considerar que nunca se respetó ese orden.

Sebastián Nohra, uno de los periodistas que lideró la investigación periodística, manifestó en una columna en Cambio que “la historia del saqueo a los recursos de la paz es la punta del iceberg. Debajo hay mucha basura. No podemos revelarla toda porque nos demandan. Pero les pasaría un escalofrío si supieran el 5 por ciento de lo que yo sé. Animo a colegas y audiencia a no dejar morir esta denuncia. El olvido es el mayor aliado de la corrupción. Y me saldrá mi primera cana esperando que el primero vaya a la cárcel”.

Valeria Santos, que también lideró la investigación, señaló en otra columna: “si usted es el alcalde de un municipio pobre, afectado por el conflicto y con presencia de economías ilícitas, pero además no tiene padrino político que le impulse su proyecto en el gobierno y le cobre coimas, las segundas oportunidades para su población son escasas. Casi inexistentes”.

La Contraloría respaldó a los funcionarios que dieron luz verde a los proyectos y conminó en el marco de la colaboración armónica entre las instituciones a que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investiguen a profundidad cada una de las actuaciones realizadas por los funcionarios mencionados, de manera que determinen si su accionar implica alguna responsabilidad en lo penal o disciplinario, y se llegue hasta las últimas consecuencias al respecto.