La Superintendencia de Transporte llevaba año y medio en investigaciones que le permitieron concluir que estas plataformas facilitaron la violación de la normatividad del sector.
En medio de las discusiones sobre la legalidad de las plataformas tecnológicas de transporte, la Superintendencia de Transporte impuso este viernes una millonaria sanción a varias de estas aplicaciones.
De acuerdo con la entidad, luego de 18 meses de investigaciones y con el trabajo de 10 funcionarios y especialistas, la la SuperTransporte encontró que las plataformas tecnológicas Beat, DiDi y Cabify “facilitaron la violación de la normatividad del sector y que, además, dicha situación conllevó la alteración de la debida prestación del servicio de transporte público, ya que algunos de sus usuarios conductores desarrollan esta actividad sin cumplir con los requisitos de ley, entre otras cosas, utilizando vehículos particulares y sin tener las habilitaciones”.
Las empresas mencionadas fueron declaradas responsables por facilitar la violación de varias normas generales del sector transporte y, así mismo, alterar la debida prestación de este servicio público esencial. Las multas impuestas suman 1.722 millones de pesos. Además, las investigadas fueron amonestadas con orden perentoria para que adopten las medidas tendientes a superar la alteración que han generado en la prestación del servicio público.
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Para la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, “la legalidad en el transporte es lo primordial para una movilidad segura para todos los ciudadanos, y a ese objetivo le hemos apuntado desde el Gobierno Nacional, porque trabajamos para que los usuarios tengan la garantía de tomar vehículos habilitados y que cumplan con la normatividad vigente para nuestro sector”.
Para el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, es importante aclarar que “esta Superintendencia no está en contra del uso de plataformas tecnológicas en las que se integre la demanda y la oferta de los servicios de transporte. Lo que no resulta posible es facilitar la violación de las normas del sector, pues el cumplimiento de la regulación es fundamental para resguardar derechos fundamentales como la salud, la vida e integridad, y además, derechos de orden económico, si se tiene en cuenta las serias incidencias que tiene el transporte en la competitividad del país”.
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