La gestión de Castillo, quien tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público, ha generado mucha incertidumbre económica. La alta rotación de ministros (más de 50 en menos de un año) también ha afectado el desarrollo de políticas públicas.
Este 28 de julio, Pedro Castillo cumplirá su primer año en la presidencia de Perú. Desde que fue elegido, el líder sindicalista y político de izquierda generó muchas expectativas. Sin embargo, a solo doce meses de haber iniciado, la gestión de Castillo está fuertemente marcada por las investigaciones de corrupción, nombramientos polémicos, incertidumbre económica y una alta rotación de funcionarios.
Sin duda, lo más llamativo es la cantidad de investigaciones de corrupción que enfrenta Castillo. Actualmente, el mandatario peruano tiene abiertas cinco investigaciones preliminares en el Ministerio Público (cuatro asociadas a su gestión). Entre los delitos por los que se investiga al presidente figuran delito contra la administración pública, tráfico de influencias, delito contra la administración de justicia y encubrimiento personal, organización criminal y plagio (este último debido a que la prensa reveló que más del 50% de la tesis de magíster de Castillo era una copia de otros trabajos).
Aunque Castillo niega todos los cargos, hay hechos que lo complican. Su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, sigue prófugo de la justicia. La fiscalía pidió su detención preliminar por los delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado. Cabe indicar que Castillo también es investigado en el mismo caso de Silva. También está prófugo Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente y a quien se le hacen las mismas imputaciones que a Silva.
Esta semana, además, Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Castillo, se entregó a la justicia. Él se convirtió en prófugo luego de que la fiscalía pidiera su detención preliminar por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada. Según el diario El Comercio, Pacheco, a quien se le encontraron US$20.000 en su despacho en Palacio de Gobierno, ha declarado a la fiscalía que Castillo ayudó a su fuga y que el mandatario habría recibido sobornos por los ascensos de oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, un caso por el que el presidente peruano actualmente está siendo investigado.
Lluvia de ministros
“El presidente Castillo llega muy debilitado en su primer año. [Ha sido] un Gobierno convulso y marcado por la inestabilidad”, dice Jeffrey Radzinsky, analista político y director de la consultora GFP. Justamente, como apunta Radzinsky, otro enorme problema de la presidencia de Castillo es la alta rotación de ministros. En total, el presidente ha tenido cuatro gabinetes ministeriales y ha nombrado a un total de 54 ministros. “Son cifras inéditas en el Perú”, dice el analista.PUBLICIDAD
Más allá de la rotación de ministros, Radzinsky señala que otra debilidad de Castillo es no haber armado un equipo mínimo de trabajo y una agenda clara. A eso se suma —dice el analista —que la coalición política que inicialmente lo respaldaba en el Congreso (el partido Perú Libre) se ha fragmentado (la bancada oficialista se dividió en tres grupos distintos).
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“Castillo es el presidente en nuestra historia que más rápidamente cayó en aceptación. A los seis meses ya solo tenía 25%. En los últimos cuatro meses [su aceptación] se ha estancado en 20% (esto según datos de Ipsos Perú). Si bien hemos tenido presidentes con menos aceptación, también es cierto que este debilitamiento es muy temprano”, dice Radzinsky.
Para Patricia Rojas, directora de asuntos públicos de Ipsos Perú, las bajas cifras de aprobación son consecuencia de un “desgobierno” y “una falta de liderazgo”. “Son un reflejo de la falta de capacidad de gestión que se ha traducido en un deterioro en los servicios públicos y un deterioro económico”, explica. Rojas señala, no obstante, que el mandatario no es el único que tiene una baja aprobación, sino que los otros poderes del Estado tienen cifras similares actualmente.
“A esto se suma un tema fundamental para evaluar a este Gobierno: la sensación de progreso de los peruanos. Hemos registrado una sensación que está en mínimos históricos en los últimos treinta años. No teníamos esta evaluación ciudadana sobre el progreso personal y del país tan baja desde la época de Fujimori. No estamos tan mal económicamente, pero sí hay un cansancio y desgaste en el sentir ciudadano. Hay un cansancio sobre las autoridades”, opina Rojas. De hecho, según un sondeo de Ipsos Perú, 67% de peruanos tiene la percepción de que el país está retrocediendo en su desarrollo.
En este contexto, Radzinsky considera poco probable que Castillo culmine su mandato (que acaba en 2026). Aunque el Congreso debatió hace meses una moción de vacancia presidencial (destitución), los votos que consiguió parte de la oposición no alcanzaron (se requerían 87). Sin embargo, las revelaciones de Pacheco y la actual coyuntura podrían cambiar esa situación. De hecho, algunos congresistas han propuesto suspender a Castillo de sus funciones, algo que requeriría menos votos.
Nombramientos polémicos y cartera caliente
Los nombramientos polémicos han sido casi un sello de la actual gestión presidencial. El primer presidente del Consejo de Ministros (jefe de gabinete) nombrado por Castillo fue Guido Bellido, quien ha tenido expresiones homofóbicas y actualmente es investigado por el delito de apología al terrorismo. Bellido renunció al cargo luego de dos meses en el puesto.
Otro jefe de gabinete polémico fue Héctor Valer, quien tiene denuncias policiales por agresión física contra su esposa e hija. Valer renunció luego de que se hicieran públicas estas denuncias. A él se suma el actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien elogió a Adolf Hitler y dijo que el genocida convirtió a Alemania en una potencia económica.
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Hay ministros y exministros con serios cuestionamientos. Luis Barranzuela, exministro del Interior, renunció luego de que se descubriera que hizo una fiesta en pleno toque de queda. Por su lado, Hernán Condori, exministro de Salud, dejó el cargo después de que se le cuestionara por promover productos médicos que no tenían respaldo científico. El actual ministro de la Producción, Jorge Prado, es investigado por la fiscalía porque su sobrino fue contratado en el ministerio que él dirige, lo que configuraría presuntamente un caso de nepotismo.
Si hay una cartera que más preocupación genera esa es el Ministerio del Interior, entidad responsable de la seguridad ciudadana en Perú. En total, Castillo ha tenido siete ministros en este sector. Mariano González, el penúltimo funcionario en ese puesto, fue removido por el presidente tan solo quince días después de haber sido nombrado. González denunció que Pedro Castillo apoyaba actos de corrupción y que el mandatario intentó obstruir la justicia.PUBLICIDAD
De acuerdo con José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, la alta rotación de estos ministros es un reflejo de que en el Gobierno no hay políticas públicas. “La prueba más palpable es que hemos tenido siete ministros del Interior en un año. Eso nunca ha sucedido en la historia del país. El balance del Gobierno [en seguridad] es absolutamente negativo”. Para Pérez Guadalupe, la carencia de políticas públicas ha generado una mayor inseguridad y que se está retrocediendo en la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. “La delincuencia está avanzando”, dice.
Golpe a la economía
A los problemas institucionales se suma el económico. Hoy existe mucha incertidumbre en este terreno. De hecho, este año, según el Banco Central de Reserva del Perú y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el crecimiento de la inversión privada será de 0%.
Un asunto que generó incertidumbre fue la propuesta del Gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente. Aunque era una iniciativa que los voceros del Poder Ejecutivo inicialmente señalaron que no estaba en la agenda, este año el Gobierno presentó un proyecto al Congreso para convocar a la asamblea. Este, sin embargo, fue rechazado y archivado.
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“El manejo [económico] ha sido negativo. Las amenazas al cambio del modelo económico y, en general, las personas con las que se rodeó el presidente causaron mucho temor de que las reglas básicas establecidas en la constitución cambiarían o se les generara un daño importante. Sin duda, esa incertidumbre se mantiene”, dice Eduardo Jiménez, economista y jefe del servicio de información de la consultora Macroconsult.
Jiménez señala que la gestión de Castillo no supo aprovechar el rebote económico poscovid-19 (se reactivaron las actividades económicas) y el breve auge que tuvo el cobre en los primeros meses del año. Macroconsult, de hecho, estima que la inversión privada caería en 3%. Todo esto se agravaría, además, debido al hostil contexto internacional. “Además del factor político negativo y la incertidumbre que ataca a la inversión, se suma el escenario internacional, el cual está dejando de ser un soporte para nosotros. El precio del cobre acercándose a los 3 dólares [por libra], sin duda, es un hecho que va a golpear a nuestra economía”, dice Jiménez.
De acuerdo con María Amparo Cruz Saco, profesora del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, considera que este ha sido un año en el que se han perdido oportunidades por parte del Poder Ejecutivo. “Se ha perdido la oportunidad de utilizar el ‘boom’ que hubo en los commodities, de incorporar inversionistas, mejorar la productividad y canalizar los impuestos para mejorar la infraestructura y el transporte”, sintetiza la catedrática.
Cruz Saco, además, señala que el empleo formal se recupera, pero de forma muy lenta. De hecho, asegura que este año también se perdió la oportunidad de elevar el empleo formal y que este cuente con beneficios de seguridad y protección social. La profesora de la UP considera particularmente riesgosa la demora que ha habido en la compra de fertilizantes por parte del Estado, ya que ello impactará en la cosecha del sector agrícola, uno de los rubros que más empleo genera en el país.
Las medidas que ha dispuesto el Congreso, por su lado, no han contribuido al escenario económico. Recientemente, el Parlamento aprobó reducir impuestos para mypes de los hoteles y restaurantes, lo que, a juicio de varios especialistas, aumentaría la informalidad y generaría un forado fiscal.
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