Acipet dice que impuesto a las exportaciones de crudo impactaría la inversión extranjera

Un impuesto del 10% a las exportaciones de petróleo, carbón y oro es uno de los ejes fundamentales que plantea la nueva reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Se trata de un nuevo tributo con el que se buscaría recaudar $5.8 billones en 2023, alrededor del 0,40% del PIB nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la medida permitiría una redistribución de las ganancias extraordinarias que percibe el sector minero-energético en épocas de precios altos. El proyecto establece que dicho impuesto sea sobre un precio superior a US$48 por barril, de carbón mayor a los US$87 por tonelada y de oro por encima de los US$400 por onza.

Aunque de entrada el artículo ha generado voces a favor y en contra, en el texto final, presentado este lunes ante el Congreso, se aclara que esto no desestimularía la inversión extranjera en Colombia, “toda vez que los flujos de capital están principalmente determinados por ‘factores de empuje’ como las tasas de interés de economías avanzadas, preferencia por la liquidez de los inversionistas y su aversión al riesgo asociada”. De ahí a que añaden que este tributo contribuiría a incentivar inversiones extranjeras en sectores productivos diferentes al de petróleo y minería.

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Forbes consultó con varios gremios sobre el impacto que tendría en el sector, así como en la inversión extranjera del sector. Desde el lado de los ingenieros de petróleo, Luis Guillermo Acosta, director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), confirmó que ven con gran preocupación la propuesta, pues de fondo sí incidiría en la inversión.

“Esto reduciría el apetito de inversión extranjera en nuestro sector, que actualmente es de US$4,400 millones en exploración y producción. A marzo del 2022, se registraron US$1,642 millones. La inversión extranjera es el reflejo de la salud de nuestra industria”, aclaró.

Acosta detalló que si no hay inversión extranjera, no hay cómo mover la industria, por lo que estarían en riesgo más de 120.000 empleos que está genera de manera directa e indirecta el sector.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer con las compañías para trabajar en conjunto con las comunidades en su beneficio y no solo en materia tributaria.  Tememos que ese recaudo del 10% en las exportaciones termine siendo un aporte más al fisco de la nación y no a los programas de desarrollo social”, concluyó.

La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM) no entregaron pronunciamientos oficiales, pues hasta ahora están analizando el impacto de la medida.

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No obstante, Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), explicó que “sin lugar a dudas el government take del carbón se va a incrementar de manera considerable de diversas maneras con esta propuesta de reforma, restando competitividad al carbón y los productos industriales que se exportan como el coque”.

Según Cante, para lo que tiene que ver con el carbón que se consume en el país estas cargas adicionales se verán reflejadas en el incremento de los costos de producción de la pequeña minería, así como de los precios de productos básicos como la energía, el cemento, el ladrillo y el vidrio, entre otros.

Por ahora dicha propuesta pasará a discusión del Congreso. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que estarán abiertos al diálogo con las empresas y los gremios para socializar este artículo.