¿Qué pierde y qué gana Colombia sin el desarrollo del fracking?

El eventual desarrollo del fracking en Colombia ha vuelto de nuevo al debate público y ahora pasará al legislativo a través de un proyecto de ley que busca prohibir esta actividad en el país. Se trata de una iniciativa que busca cumplir lo que prometió Gustavo Petro en campaña y que cerraría totalmente las puertas para se pueda avanzar en este modelo de exploración.

Son varios los argumentos a favor y en contra, desde lo político, lo técnico y lo ambiental, pero sin duda es una discusión trascendental en un momento en el que el mundo avanza hacia la descarbonización de sus economías y un mayor protagonismo de las energías limpias.

En Colombia, por ejemplo, el debate ha estado sobre la mesa desde 2012, cuando se abrió la posibilidad de analizar el potencial que tenía el país en yacimientos no convencionales. A partir de ese momento, la industria petrolera ha explicado las bondades que podría dejar esta técnica para la Nación, mientras los ambientalistas han rechazado el impacto que se generaría en los ecosistemas y el agua.

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La discusión ha sido tal que en los últimos dos gobiernos se habló de crear una comisión de expertos, compuesta por especialistas de todos los campos, con el objetivo de avanzar en un debate técnico y cero político. De ahí a que en el gobierno de Iván Duque 13 especialistas entregaron varias recomendaciones de cara a abrir la puerta a lo que para su momento llamaron Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre yacimientos no convencionales.

Con el argumento de darle voz a la ciencia y dejar a un lado el populismo, tal y como lo dijo Duque en ese momento, el anterior gobierno dio paso para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos planteara los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (CEPI), que, a grandes rasgos, fue la figura contractual que dio paso para el desarrollo de los pilotos, los cuales utilizarían el fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal.

Es decir, una técnica que inyecta en una o varias etapas, un fluido compuesto por agua, propante y aditivos a presiones controladas con el objetivo de generar canales que faciliten el flujo en el pozo perforado.

A lo largo de los últimos tres años, las empresas interesadas en participar alistaron los documentos, las propuestas de inversión y el plan ambiental. No obstante, solo Ecopetrol y ExxonMobil se quedaron con el desarrollo de dos pilotos, avanzando hacia un proceso de un Estudio de Impacto Ambiental para obtener la licencia ambiental.

Ecopetrol surtió todo los pasos y materializó lo que llamó Kalé y Platero, dos pilotos de investigación para evaluar el impacto real que tendría esta actividad en Colombia. De hecho, hace unas semanas, el presidente de la petrolera, Felipe Bayón, confirmó que durante el segundo trimestre del año “se cumplió con el plan de entorno y relacionamiento, consistente en diferentes encuentros, reuniones y conversatorios a
nivel local y regional, como parte de las gestiones de Ecopetrol para facilitar y viabilizar los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé y Platero”.

Aunque se preveía que este año la empresa podría empezar perforaciones, el panorama ya no es muy claro ahora que a través del Congreso se busca poner fin a esta práctica. De hecho, quedarían en juego un total de US$200 millones, que Ecopetrol destinaría para llevar a cabo estos pilotos.

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A esto se suma que en este momento Colombia tiene asignados siete contratos para la exploración y explotación en yacimientos no convencionales. Se trata de Drummond, Parex Resources y ConocoPhillips, quie desde hace varios años tienen adjudicados algunas obligaciones para un eventual desarrollo comercial.

Ahí la pregunta sobre qué perdería y qué ganaría Colombia en el eventual escenario que se prohíba esta práctica en el país.

¿Qué pierde?

La industria petrolera ha realizado decenas de estudios sobre el potencial que tiene Colombia en no convencionales, así como el impacto económico que se tendría si se avanza a una exploración comercial.

La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) calcula, por ejemplo, que hay recursos estimados entre 10 y 20 terapiés cúbicos de gas, y entre 5.000 y 10.000 millones de barriles de crudo que podrían más que triplicar las reservas actuales. En cuanto al aporte fiscal, se estima que los no convencionales totalizaría 36.000 millones de
dólares ($155 billones), de los cuales 10.000 millones de dólares en regalías, 18.000millones de dólares en impuestos, 6.000 millones de dólares en dividendos y 2.000 millones de dólares en derechos económicos.

A su vez, en etapa de producción, dejarían para el país 19.000 nuevos empleos
directos estables, que sumados a los indirectos e inducidos totalizarían 68.000 nuevos empleos durante 25 años.

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La Asociación Colombiana de Gas Natural en Colombia (Naturgas) añade que se podrían multiplicar las reservas de este hidrocarburo entre 35 y 50 veces. E incluso podrían llegar al país US$45.000 millones de inversión en los próximos años, el Producto Interno Bruto (PIB) del país podría aumentar en un 10% y la Inversión Extranjera Directa en un 40%.

Y es que los cálculos más ambiciosos los hizo el anterior gobierno, que, en el marco fiscal de mediano plazo del 2019, detalló que la exploración y producción de no convencionales le permitiría al país alcanzar una estabilidad macroeconómica a largo plazo. Este modelo podría dejarle a las arcas públicas hasta $324 billones en 30 años, algo que equivale al 30% de lo que mueve la economía colombiana al año.

En esas mismas proyecciones, el anterior gobierno detalló que el total de las reservas de no convencionales ascendían a los 7.500 millones de barriles.

¿Qué gana?

Las proyecciones económicas y laborales que expone la industria no convencen a los ambientalistas, quienes desde hace varios años han asegurado que estos estimativos no hacen menos vulnerable las circunstancias ambientales y los efectos que se generarían en la salud y el agua, específicamente.  

Desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, una organización nacional que reúne a más de 85 grupos ambientalistas, sindicales y académicos del país, se ha explicado que solo con los pilotos se pondría en juego la contaminación de los acuíferos y las afectaciones a la salud, específicamente en el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Cesar-Ranchería.

De hecho, para la Alianza el proyecto de ley que llega al Congreso es “una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía para alejar los peligros de la explotación de los yacimientos no convencionales y el fracking”.

Según explican, “el proyecto no solo logra blindar los territorios de los conocidos peligros asociados al fracking, sino también los que podrían materializarse con la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar delicados ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”.

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Es de resaltar que ellos mismos han expresado que dicho proyecto garantiza, al mismo tiempo, la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas, “que es necesaria para una transición energética justa”.

Por ahora se siguen presentando voces a favor y en contra, pero todo dependerá del trámite que se le otorgue en el Congreso. Al final, tal y como dicen todos los actores de la discusión, será una decisión de país.