Para Fitch, el proyecto no es una amenaza para la calificación crediticia en el corto plazo, pero sí podría afectarla en el largo plazo.
En medio de la discusión de la reforma tributaria de Gustavo Petro, que ya tiene mensaje de urgencia en el Congreso, una de las calificadoras de riesgo presentó su visión de la iniciativa.
En términos generales, Fitch dice que es poco probable que la aprobación de las propuestas tenga un efecto inmediato en las calificaciones de riesgo. Sin embargo, señalan que los impuestos relacionados con el medio ambiente y la salud pública podrían presionar los flujos de caja y afectar a las políticas de dividendos y a los planes de inversión en ciertos sectores. “Esto, a su vez, podría debilitar los perfiles crediticios a largo plazo”, agregan.
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Cabe recordar en ese sentido que la reforma generará 25 billones de pesos de ingresos fiscales adicionales, o el 1,72% del PIB, en 2023. Esos ingresos provendrían de los cambios en los impuestos a las personas naturales (32%), los impuestos a las exportaciones de productos básicos (27%), los impuestos a las empresas (23%), las tasas ambientales y de salud pública (10%), y el resto (9%) de otras tasas.
En el caso de los impuestos adicionales sobre las personas naturales, como la deducción fiscal independiente por tipo de renta, la reducción de los tramos exentos de impuestos y la creación de un impuesto permanente sobre el patrimonio, reducirán potencialmente el consumo total de los hogares a corto plazo.
Según las previsiones del Gobierno, el consumo disminuirá 0,38 puntos porcentuales en el primer año, debido principalmente a la disminución de la renta disponible de los hogares ricos. Y ese punto, cabe subrayar que en los últimos cuatro años, el consumo de los hogares representó el 71% del PIB.
El golpe a las empresas
De acuerdo con la firma calificadora, los sectores más impactados son los de energía, materias primas y alimentos y bebidas.
Para Fitch, los emisores de petróleo y minería se verán afectados por la eliminación de beneficios fiscales, como la deducibilidad de los cánones, y un nuevo impuesto procíclico del 10% sobre los precios de las exportaciones de crudo, carbón y oro.
“Cuando los precios internacionales estén por encima de cierto umbral, los impuestos a las exportaciones afectarán los márgenes, la generación de flujos de caja y, a su vez, desalentarán las grandes inversiones a largo plazo en estos sectores, intensificando su tendencia a la baja en las inversiones extranjeras directas”, dice Fitch.
En consecuencia, los costes de las empresas colombianas de generación de energía térmica aumentarán a medio plazo, a medida que se vayan aplicando los impuestos al carbón. “Los generadores de un solo activo o menos diversificados y eficientes pueden verse obligados a cerrar debido a la disminución de la viabilidad económica en el contexto de una transición hacia alternativas de generación de energía renovable”, dice la firma.
En cuanto a los gravámenes sobre la salud pública, un impuesto sobre las bebidas azucaradas, junto con un impuesto del 10% sobre los alimentos ultraprocesados y los impuestos sobre los plásticos de un solo uso podrían tener un efecto entre negativo y neutro en el sector de la alimentación y las bebidas, dependiendo del grado en que las medidas de ahorro de costes puedan compensar la competencia de los bienes/alternativos no gravados y el deterioro de los márgenes, según apunta Fitch.
“Anticipándose a algunas de estas medidas, el sector ha comenzado a realizar una transición proactiva hacia envases respetuosos con el medio ambiente, reformulando los productos para minimizar el contenido de azúcar y desarrollando productos más saludables para ajustarse a las tendencias del mercado”.
Las recomendaciones
En el análisis que dio a conocer la firma calificadora sobre la reforma tributaria, Fitch planteó que esperan que algunos de los efectos para los sectores corporativos se moderen para pasar un congreso dividido.
“La propuesta tributaria se alinea en general con los objetivos políticos, que incluyen la recaudación de nuevos ingresos fiscales para financiar el gasto social y la consolidación fiscal, articulados por el nuevo gobierno de Colombia bajo el presidente Gustavo Petro, que hizo campaña a favor de una mayor intervención del Estado en las actividades económicas y de mercado. En concreto, las reformas propuestas reducen la dependencia de Colombia de las industrias petrolera y minera en favor de alternativas más beneficiosas para el medio ambiente y la sociedad”, concluye.
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