Las dos funcionarias que tienen en jaque a la industria minera

Miedo, incertidumbre e incluso angustia es lo que sienten los empresarios mineros por estos días. A los temores que se han desatado por los impactos que tendría la reforma tributaria en el sector, se han sumado en los últimos días nuevas aristas a la discusión que, al parecer, prometen nublar el desarrollo de pequeños, medianos y grandes proyectos en Colombia.

Lo que parecía ser el escenario perfecto para despejar las dudas y calmar los ánimos, se terminó convirtiendo en un ambiente que dejó más preguntas que respuestas. Así lo confirmaron a Forbes varios asistentes al Congreso Nacional de Minería, que se realiza en Cartagena, quienes coincidieron que el panorama no pinta bien, en especial por los anuncios de dos funcionarias claves del gobierno: la ministra de Minas y Energía y la de Ambiente.

Aunque se sabe que el presidente Gustavo Petro prometió en campaña que buscaría descarbonizar la economía y no volver a firmar nuevos contratos, lo cierto es que dichas carteras no tienen un plan concreto que permita mantener la estabilidad de un sector como el minero. No parece que esté claro el proceso de transición necesario para impedir choques.

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De hecho, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, reiteró durante su intervención que se haría una revisión total de la titulación minera colombiana, con el objetivo de identificar las responsabilidades fiscales y ambientales de las empresas en el país. Horas después, confirmó que serían alrededor de 7.000 títulos, pero no entregó detalles sobre qué implicaciones tendría esta decisión en el corto y mediano plazo.

Según ella, “queremos asegurar que todos están cumpliendo con la licencia minera y con las responsabilidades. Es un compromiso que tenemos y es un compromiso con las regiones”. Según la ministra ese “barrido”, como ella lo llama, será de la mano de la Anla y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

En medio de estos anuncios en el ambiente de la asamblea minera quedaron muchas preguntas en el aire, en especial sobre si eso incidirá en lo que ya está firmado o si cambiaría en algo las reglas de juego. La ministra aseguró que “se respetará los debidos procesos”, pues “todos los derechos adquiridos” van. No obstante, también habló de sustitución minera para proteger algunas zonas del país, pero no concretó cómo sería este proceso.

Uno de los argumentos que más llamó la atención fue la creación nuevos modelos de asociatividad empresarial, que se centrarían en lo que el gobierno Petro ha llamado Asociación Público-Privada Popular.

¿Qué es esto? “Estas asociaciones son una nueva forma de asociación económica. Eso quiere decir que los modelos pueden ser múltiples. Lo que importa es que las comunidades perciban los beneficios económicos que se generan en sus territorios”, aclaró la jefe de la cartera. “Históricamente, el modelo económico que ha imperado en las regiones en es un modelo que beneficia solamente a través de la incorporación de la fuerza de trabajo y por las regalías (…) Esto, sin embargo, no es una participación en los modelos de negocio. La invitación es que con el sector empresarial con las nuevas invitaciones puedan pensar modelos asociativos, en las que las comunidades participen en acciones o decisiones del destino de las empresas”.

En esa definición, Vélez no entregó mayores detalles sobre cómo sería este mecanismo. Empresarios que conversaron con Forbes dijeron que hay miedo a que esto implique que las comunidades ahora puedan acceder a juntas directivas o incluso tengan participación accionaria en las empresas. En concreto, lo que quedó de conclusión es que se buscaría es que las poblaciones incidan en los planes estratégico de las compañías.

Si bien por ahora es claro que el Gobierno Nacional aún no ha construido todo el Plan de Desarrollo, los empresarios detallan que urge una hoja de ruta donde se fije si finalmente se firmarán o no nuevos contratos. La ministra ha dicho que no volverán a firmar nuevas obligaciones, pero en rueda de prensa dejó abierta la posibilidad para lo que ella considera minerales estratégicos.

“Nunca hemos dicho que no vamos a dar nuevos títulos mineros”, sentenció. “Lo que sí hemos dicho es que el eje rector es el agua. No queremos dar títulos en lugares estratégicos económicamente. Eso ya es un compromiso, es nuestra convicción y hay cosas que tendrán que ser revisadas. Eso no quiere decir que no haya nueva titulación”.

Con estas afirmaciones, no se sabe si habrá o no nuevos contratos. Los empresarios no tienen claridad sobre qué minerales serían prioritarios y qué otros no. En el caso del carbón, por ejemplo, la situación es incierta, pues incluso la misma ministra aseguró que están analizando qué pasará con los activos que entregó Prodeco.

En esa misma línea, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pese a tener un perfil más técnico frente a su cartera, dijo que se debería revisar la opción de crear consultas previas para el desarrollo de exploración minera.

En este momento, Colombia hace licenciamiento ambiental a la explotación después de haber hecho la exploración. Sin embargo, la propuesta de Muhamad supone hacer doble proceso: uno, haciendo la exploración, y dos, para la explotación.

La pregunta que surge es cuál impacto ambiental se debe analizar, si aún no hay exploración. Ahí entra el tema de concurrencia, que sin duda es un tema pendiente del anterior gobierno y en el cual se deberá avanzar para dar mayor claridad sobre cómo serían esos procesos.

A esto se suma que se viene la renovación del código de minas, un manual que determina cómo se llevan a cabo los procesos en la industria. Sin duda es clave pues es la carta de navegación que le ha permitido al sector inyectarle millonarios recursos a la economía colombiana.

¿Se satanizó el sector?

Luego de las intervenciones de las dos ministras en el congreso minero, asistentes al evento dijeron que perciben que el sector minero se ha satanizado, pese a ser una fuente importante de recursos para las arcas públicas. El presidente de una minera confirmó a Forbes que se ve en el discurso que no hay mayor conocimiento del sector, pues en algunos casos no se ve diferenciación al hablar de gran minería y minería ilegal, por ejemplo.

Este argumento lo compartieron varios asistentes, pues las dos ministras insisten que en este momento se debe “tener la casa limpia”.

Hoy la industria minera aporta el 13% del PIB, es el 24% de las exportaciones colombianas y en 2021 atrajo el 10% de la inversión extranjera. Vélez no desconoce estas cifras, pero asegura que Colombia no seguirá cayendo” en el error del extractivismo, que puede ser social y ambientalmente costoso”.

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Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), explicó ayer que este año el sector minero quiere seguir siendo un aliado país, teniendo en cuenta que entregará alrededor de $14,7 billones al Gobierno, un poco más del 50% de la reforma tributaria que se está tramitando.

Nariño dijo incluso que ese total se debe al pago de impuestos a la Nación, regalías y, en parte, al momento de buenos precios que se vive en la industria. “La tributaria tiene impactos en la dimensión social importante, porque el sector minero tiene un profundo arraigo fiscal, y esa es la conversación que estamos teniendo con el gobierno”, sostuvo.

Aunque el gobierno insiste que el Colombia debe dejar su dependencia del carbón, por ejemplo, lo cierto es que las cifras muestran que son millonarios los aportes que realizan en materia de sostenibilidad.

De acuerdo con la ACM, la industria realiza aportes de $184.000 millones en inversión social, lo que significa más de cinco veces la inversión obligatoria del sector. De esos recursos, el 40% es destinado a educación, salud, emprendimiento e infraestructura vial, los cuales son concertados con las comunidades que van a ser beneficiadas.

Asimismo, datos del gremio minero dan cuenta que por cada peso que genera la minería se generan 2,4 pesos en otros sectores. Además, aporta más de $5 billones cada año en regalías y es responsable de crear más de 160.000 empleos directos y 700.000 indirectos en todo el país.

Con estas estas cifras queda en claro lo que está en juego. Los empresarios por ahora piden mayor claridad frente al plan de gobierno y la hoja de ruta. Aseguran que es clave que se defina una política nacional que les permita continuar generando empleo, pues de lo contrario estarían dispuestos, incluso, a desinvertir.

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