El gobierno nacional tiene intervenidas 11 entidades promotoras de salud y deberá ir resolviendo su futuro en los próximos meses. ¿Qué decisiones adoptará un gobierno que ya no quiere más EPS en el sistema?
El gobierno de Gustavo Petro tiene claro que va a reformar el sistema de salud. Así lo ha planteado la Ministra del ramo, Carolina Corcho, que en muchos escenarios ha señalado con claridad que se imagina una política de salud sin EPS, con pagadores regionales y basada en una relación directa entre prestadores y pagadores, sin intermediación.
Pero si bien es necesario pasar un proyecto de ley al Congreso de la República para definir el tema, hay un asunto que va a mostrar el talante del gobierno en la administración del sistema.
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Se trata del futuro de 8 millones de usuarios que están hoy afiliados a Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el gobierno por cuenta de distintas problemáticas financieras y de servicio; una de esas soluciones puede ser definitivamente la liquidación.
El tema es sensible, porque el proceso de resolución de estos procesos administrativos se da con un marco de políticas muy distinto al que han utilizado todos los anteriores gobierno. La diferencia radica en que el gobierno nacional quiere eliminar las EPS. Así las cosas, si está interviniendo hoy 11 EPS tanto del régimen contributivo como del subsidiado, se podría pensar que no tendría ningún sentido alargar la vida de estas entidades que el gobierno quiere sacar del sistema.
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Pero aquí es donde empiezan a aparecer las dificultades. Si en algún caso se decreta la liquidación de una EPS, el primer paso que hay que definir es a dónde trasladar esos usuarios y qué hacer con los tratamientos y procedimientos que vienen adelantando. Pero si la idea es eliminar la intermediación, ¿para qué pasar esos usuarios a entidades que en el mediano plazo van a desaparecer? Los interrogantes sobre la vialidad de la reforma en salud empiezan a adquirir relieve.
Ya hay casos. A finales de agosto pasado, se decretó la liquidación de la EPS Comfamiliar Huila, que tenía 543.000 afiliados. Ahora mismo se está en proceso de traslado de esas personas.
A comienzos de septiembre, Comfamiliar Guajira, que se encontraba intervenida, anunció que se retiraba de los servicios de salud y que les daba un compás de espera a sus afiliados hasta diciembre 31 para hacer el traslado. Esta decisión está ahora mismo en consideración de la Superintendencia de Salud que deberá autorizar o no la solicitud de esta EPS. En esta institución están afiliados 268.000 usuarios.
Según los datos oficiales, hay otras 9 entidades que actualmente están intervenidas. Allí hay otros 7,3 millones de usuarios.
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Por eso es clave la pregunta sobre qué está pensando el gobierno hacer con estos procesos de intervención. La Superintendencia no puede informar nada sobre sus decisiones, porque el debido proceso se lo impide, pues se trata de procesos administrativos de carácter jurídico.
Pero justamente eso causa más incertidumbre entre los distintos actores, porque el traslado indica que no va a ser la solución definitiva, pues en algún momento las EPS van a desaparecer, si se cumple la promesa del gobierno Petro.
Esto se vuelve más problemático por cuenta de las circunstancias que está enfrentando el país por diversas causas, como el desabastecimiento de medicamentos.
Hasta hoy, el país ha movido a cerca de 10 millones de personas por cuenta de la liquidación de diferentes EPS a lo largo de los últimos años. Qué va a pasar con otros 8 millones de usuarios es la pregunta que muchos se hacen.