Tras una década desde que entró en vigencia la Ley de Insolvencia, miles de personas en el país han recurrido a esta herramienta para aliviar sus deudas.
Las campanas que anunciaban un periodo de recuperación económica subieron los ánimos luego del impacto que tuvo la recesión vivida en épocas de pandemia, “la peor desde la Segunda Guerra Mundial”, como advertían desde el Banco Mundial.
Pero el 2022 llegó con sus propios retos. Una de las condiciones más cercanas al grueso de la población en Colombia es la tendencia alcista de la inflación, que según proyectan desde el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana llegaría a 11,8% en octubre, 10 puntos porcentuales por encima del dato más reciente presentado por el DANE para el mes de agosto (10,84%).
En medio de este contexto, un informe de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera reveló que 2.952 colombianos se han declarado en quiebra. La información presentada por el estudio, que reunió datos del Ministerio de Justicia, notarías y de la propia firma, dio cuenta del incremento en la cantidad de connacionales que solicitan acogerse a la Ley de Insolvencia (Ley 1564 de 2012), con un 37,4% más frente al año 2021.
De acuerdo con Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, este aumento en las personas naturales que recurren a la norma se debe a un mejor entendimiento de sus posibilidades para subsanar sus finanzas.
Y es que, desde que entró en vigencia en 2012, esta ley ha procurado convertirse en la herramienta para que tanto los deudores como los acreedores puedan llegar a acuerdos beneficiosos para ambos.
“El amplio número de colombianos que se han acogido a la Ley de Insolvencia de persona natural demuestra que es un salvavidas efectivo para resolver los problemas financieros de las personas, dándoles una segunda oportunidad”, explicó Benítez.
En estos diez años, alrededor de 18.000 colombianos se han acogido a la Ley de Insolvencia, tomando en cuenta los datos del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (a partir de 2016) y un subregistro desde su vigencia, cercano al 20%, de acuerdo con la firma. De estos, el 55% ha tenido éxito en la conciliación para el pago de sus obligaciones pendientes.
Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia son las regiones que concentran el más alto registro de solicitudes de insolvencia.