Los incentivos van desde los $600.000 hasta los $4,8 millones, según el tipo de población beneficiada.

Las empresas de Bogotá que contraten a personas que hayan estado en la cárcel recibirán beneficios económicos que van desde los $600.000 hasta los $4.200.000. Esto, luego de que la alcaldesa Claudia López hiciera oficial el decreto 399 de 2022, que crea el programa de ‘Empleo incluyente’ y que busca incentivar la contratación laboral de 19 poblaciones vulnerables.

La lista de personas priorizadas incluye mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad, jóvenes recién egresados, ciudadanos transgénero, entre otros.

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El hito de que los exreclusos se sumaran a este decreto tiene detrás a la gestión de la Fundación Acción Interna, dirigida por Johana Bahamón, quien explicó la importancia de brindarles oportunidades laborales a esta minoría: “Las personas que recuperan la libertad se convierten en los más vulnerables de los vulnerables. Su pasado judicial les cierra puertas, el sector financiero no les permite abrir cuentas de ahorro, hay una cantidad de trabas que deben ser desmontadas bajo marcos regulatorios más incluyentes y equitativos”.

“Cerrar brechas de equidad es fundamental para consolidar una sociedad más justa. Para una resocialización efectiva, es fundamental el activo involucramiento del sector empresarial para que vincule laboralmente a las personas que han cumplido su pena”, agregó. 

Para acceder a los beneficios, además de estar en Bogotá, las empresas deben estar formalizadas. Los incentivos partirán de 600 mil pesos para los contratos de, por lo menos, seis meses. Para las compañías que incluyan en su nómina a población priorizada por un año recibirán un monto de 1.200.000 pesos. 

Si se emplea a mujeres pospenadas, el beneficio será de 1.200.000 pesos por periodos inferiores a seis meses. En el caso de que la contratación sea mayor a un año, se les otorgará un valor de 2.400.000 pesos. 

Para el caso de los jóvenes que hayan estado en la cárcel, el incentivo será de 1.500.000 pesos por contratos inferiores a un año y 3 millones por contratos superiores al año.  

Finalmente, las compañías que empleen a personas transgénero que hayan sido privadas de su libertad recibirán un valor de 2.400.000 de pesos por contratos de menos de un año y de un año en adelante el beneficio será de 4.800.000 pesos.