La Cámara de Alimentos y Bebidas de la Andi concluye que las familias más vulnerables del país se verían afectadas por el incremento en el precio de esos productos.
La semana pasada el Congreso de la República aprobó en primer debate la reforma tributaria, que incluye los llamados impuestos saludables a las “bebidas ultra procesadas azucaradas” y los “alimentos ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos”.
En el proyecto se establece que se aumentaría gradualmente hasta un 20% el precio de venta de los alimentos producidos o importados que son denominados “ultraprocesados”, comenzando con un 10% en 2023 y llegando al 20% durante 2025.
De acuerdo con la Cámara de Alimentos y Bebidas de la Andi, esto implica el traslado de costos adicionales para el consumidor final, que ha tenido incluso que enfrentar la alta inflación de septiembre (11,3%).
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“Este impuesto -que aumentará significativamente el precio de categorías como chocolate de mesa, galletas (dulces y saladas); algunos derivados lácteos (cuajada, bebidas lácteas, helados); chorizos, hamburguesas y trozos de pollo; snacks, salsas (tomate, mayonesa, mostaza, etc.); dulces; tortas, ponqués, panes tajados y tostadas; purés, compotas, mermeladas, algunos condimentos; café soluble y muchos otros alimentos más- considera que el sobrepeso y la obesidad tienen como causa principal el consumo de alimentos industrializados”, dijeron a través de un comunicado de la Andi.
La Cámara de Alimentos advierte que si bien su implementación pretende desincentivar su adquisición, “en ningún país donde se han implementado este tipo de impuesto se ha logrado disminuir los indicadores en obesidad o enfermedades no transmisibles”.
“Como industria de alimentos consideramos que esta medida afecta profundamente al consumidor, dado que este tendrá que pagar por sus alimentos un valor mucho más alto con afectación directa sobre su economía; también afecta a los tenderos cuya mayor parte de los ingresos viene de la venta de productos gravados con este impuesto; y también perjudica a los productores agrícolas, especialmente campesinos que producen las materias primas. Para todos ellos, los impuestos saludables suponen un impacto económico monumental”, aseguró Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi.
Uno de los argumentos que exponen es que esta medida va en contra de las clases menos favorecidas. Así lo detalla un estudio preliminar realizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en el que se concluye que los hogares de menores niveles de ingresos verían un impacto del 4,67% como consecuencia de los impuestos a los alimentos y bebidas. “Es decir, las familias más vulnerables del país, que dedican una mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos, se verían considerablemente afectadas con el incremento en los precios de los productos”.
Asimismo, golpearía a las tiendas de barrio, que generan cerca de 1,8 millones de empleos, según Fenalco. La Andi destaca que el 70% de los productos que venden las tiendas son los que va a ser impactados.
“Se pone en riesgo la viabilidad de estos comercios y podrían desaparecer cerca de 250.000 tiendas. Así mismo se generaría una gran afectación en los restaurantes del país que usan estos alimentos como materias primas”, concluyeron.
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