Este martes se radicó la ponencia para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación.
Tras finalizar la jornada de reuniones con los coordinadores ponentes, el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, anunció que este martes 11 de octubre quedó radicada la ponencia del Presupuesto General de la Nación de 2023 para la siguiente ronda de debates.
“Los avances más significativos se lograron con unos recursos adicionales para la Defensoría del Pueblo, que no habíamos incluido en las discusiones anteriores. Por otro lado tenemos unos recursos importantes de un primer monto para sistemas de transporte masivos y unos recursos de 50 mil millones para el sector deporte”, declaró el representante de la cartera.
El proyecto del PGN2023 deberá quedar aprobado para el próximo jueves 20 de octubre, según dicta la norma.
Ponencia recargada: estos son los nuevos artículos
La ponencia para la segunda ronda de debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación incluye siete artículos nuevos.
El artículo 96° plantea que para el siguiente año fiscal la Nación asumirá las obligaciones de pago de las reservas a cargo de la ARL Positiva que se estén insolutas y deban pagarse a futuro, por pensiones o reliquidaciones no incluidas en el cálculo actuarial aprobado, con cargo a las apropiaciones previstas en cada vigencia transferidas al Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional – Pensiones Positiva S.A.
Otra adición es el artículo 97°, en el que se establece que los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro inactivas por más de un año y cuyo valor no exceda las322 UVR serán transferidas por las entidades financieras al ICETEX, para la financiación de la educación superior. “Cuando el titular del depósito solicite la activación o la cancelación del saldo inactivo ante la entidad financiera, el ICETEX reintegrará al prestamista la suma correspondiente con los rendimientos respectivos, de acuerdo con los intereses que el depósito devengaba en la entidad financiera como cuenta inactiva, de conformidad con las disposiciones vigentes”.
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El artículo 98° indica que, para el año 2023, el Ministerio de Minas y Energía destinará recursos para la promoción y cofinanciación de los proyectos dirigidos a la prestación del servicio público de gas combustible por medio del desarrollo de infraestructura de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red en todo el territorio nacional, con foco en la ruralidad y las zonas de estratos bajos en la urbanidad, con cargo a los recursos de la presente vigencia.
Uno de los artículos de la bolsa que trae la ponencia ajustada es el correspondiente al aporte de la Nación para subsanar el déficit de los sistemas de transporte público masivo en el país. El artículo 99° señala que de la mano de las entidades territoriales se estructurarán los debidos esquemas de cofinanciación para reducir el déficit de estos sistemas de transporte, para lo que se destinarán hasta 300.000 millones de pesos.
“El monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno nacional será del cincuenta por ciento (50%) del déficit de cada sistema para la vigencia 2022, en partes iguales con la entidad territorial“
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El artículo 100° establece que los departamentos y municipios podrán destinar hasta el 15% de los fondos territoriales de seguridad (FONSET), y el Ministerio del Interior hasta el 10% de Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadanía (FONSECON), al cumplimiento del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, referente al funcionamiento de las cárceles en el país.
Le sigue el artículo 101°, por el que se solicita a las entidades del orden nacional que identifiquen las partidas presupuestales de funcionamiento e inversión, en donde se presenten en detalle los programas y proyectos de cada sector, los cuales deben contemplarse dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación como Anexo Gasto Presupuestal para la Equidad Poblacional Étnico Racial, para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom.
Finalmente, el artículo 102° señala que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes tendrá la facultad de manejar el proceso de contratación de los vehículos con estándares de seguridad para los funcionarios públicos pertenecientes a ella. Además, la Unidad Nacional de Protección, con cargo a su presupuesto, dispondrá al personal de protección para los funcionarios del Congreso conforme se considere necesario.