Según los entes de control, poner a funcionar el sistema sin haber hecho todas las pruebas necesarias representa un riesgo alto.

Parecía que Hidroituango vería la luz al final del tunel y entraría en operación este año, pero aparentemente, solo se trató de un espejismo. Y es que hoy se conoció un documento en el que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) solicitan ocho semanas más para concluir las pruebas que se requieren antes de encender las dos primeras máquinas. Bajo estas circunstancias, la hidroeléctrica no entraría en operación sino hasta 2023.

La situación es problemática si se tiene en cuenta que EPM estaría incumpliendo el compromiso pactado con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de comenzar a generar energía eléctrica antes del 30 de noviembre de este año, lo que podría acarrearle una multa superior a $5 billones.

Dicho panorama generó alertas en la Procuraduría General de la Nación (PGN), que comunicó hoy varios hallazgos con respecto al proyecto, evidenciando “serias falencias” en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial de los cinco municipios aguas abajo de Hidroituango: Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechi.

Miembros de la bancada de gobierno durante el anuncio – Foto: Presidencia de la República

De acuerdo con la institución, dichos municipios tienen planes desactualizados, no hay gestión documental ni continuidad en los procesos, no cuentan con el personal adecuado para su manejo y los organismos de socorro no tienen el personal, entrenamiento, ni los equipos necesarios para la atención de emergencias.

Lo anterior obligó a que la Procuraduría mantuviera la alerta y la situación de contingencia en torno al proyecto, reforzando el llamado a priorizar el “cumplimiento estricto de las pruebas necesarias de todos los equipos y sistemas antes de poner a funcionar cada unidad de generación”.

“El riesgo se incrementa por el tiempo de exposición a una amenaza, de allí que cualquier demora en las obras o pruebas necesarias para poner en funcionamiento las unidades de generación representa un mayor riesgo para los trabajadores y para las comunidades aguas abajo de la presa”, agregó la información.

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