"Debe haber un fondo específico que responda a las catástrofes climáticas como las que Colombia está atravesando", ha dicho la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

La jornada de la COP 27, que se lleva a cabo en Egipto, ha estado marcada por la inconformidad de algunos líderes, que han llamado a que no haya retrocesos ni se disminuyan las metas en relación a las medidas para contrarrestar el cambio climático.

Durante las semanas de conversaciones distintos temas se han puesto sobre la mesa, y Colombia no dejó pasar la oportunidad para insistir en la urgencia de actuar ante las consecuencias del cambio climático.

En rueda de prensa, Francisco Canal, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, se refirió a la necesidad de establecer un fondo con recursos suficientes para atender las pérdidas y daños derivados de la emergencia climática. De lo contrario, la carga seguirá recayendo en las personas, las comunidades vulnerables y los países en desarrollo.

“Este fondo debe establecerse en la COP27 y debe ser dotado de recursos financieros nuevos, adicionales, predecibles y adecuados, necesitamos tomar una decisión aquí sobre plazos claros y discutir fuentes innovadoras de financiación”, apuntó el funcionario.

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Asimismo, señaló que existen grandes brechas financieras en las tres áreas de prevención, minimización y tratamiento de pérdidas y daños, especialmente, cuando se busca abordar este tema.

“También existe un problema de escala, ya que las necesidades de los países en desarrollo en materia de pérdidas y daños comienzan en 580.000 millones para 2030 y terminan en 1,7 billones para 2050. Hay suficiente capital y liquidez global para cerrar las brechas de inversión global como mostró el IPCC en su presentación el primer día del Diálogo de Glasgow”, agregó.

“Debe haber un fondo específico que responda a las catástrofes climáticas como las que Colombia está atravesando”, ha dicho la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

Frente a esta propuesta, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) plantea que hay un imperativo moral o de justicia climática para que la Convensión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático brinde una solución que permita reducir las brechas en la financiación de estas estrategias.