El evidente fracaso de la guerra contra las drogas ha llevado a la administración de Gustavo Petro a buscar un enfoque distinto en esta materia. El Gobierno ha expresado su intención de avanzar hacia un debate latinoamericano sobre si es hora de legalizar e incluso gravar la cocaína, pero todo indica que esta es una alternativa que ninguna nación está dispuesta a afrontar. Análisis.
Por: Kevin Bohórquez y Sebastián Montes
Cuando en el marco de la Asamblea General de la ONU el presidente Gustavo Petro habló sobre ponerle fin a la fallida guerra contra las drogas, muchos se sorprendieron. Era la primera vez que un mandatario colombiano admitía que se trataba de una lucha que por más de 50 años no había funcionado. Ahora, insistía, se debía corregir el rumbo y encontrar “nuevos enfoques” que no provoquen sangre ni destrucción.
¿Colombia estará preparada para una eventual legalización de la cocaína e incluso de la marihuana recreativa como producto de exportación? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, días después dijo que se sintonizan con la voluntad del gobierno para trabajar en ese propósito. Asimismo, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, fue más allá y sentenció: “Hay que gravar y legalizar la cocaína”.
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El debate está sobre la mesa. Hay quienes dicen que un plan de esta magnitud podría convertir a Colombia en un narcoestado, mientras otros aseguran que se podría establecer un pacto latinoamericano para encontrar soluciones. Estados Unidos, uno de los principales aliados en esta lucha, ha hecho guiños al tema.
“Creemos que un enfoque holístico que aborde las causas fundamentales de la producción de coca y el narcotráfico, en lugar de limitarse a combatir los síntomas, es una forma mucho más eficaz de abordar este reto de manera que pueda producir un éxito a largo plazo”, le dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. a Forbes Colombia. “El gobierno de los Estados Unidos aprecia la voluntad del presidente Petro de considerar nuevos enfoques y está de acuerdo en que los agricultores rurales deben tener la oportunidad de buscar alternativas a la coca”.
Petro piensa en una ambiciosa reforma agraria para avanzar en una política de sustitución con alternativas productivas para los campesinos. Sin embargo, hay evidencia de que nada será fácil.
El contexto
El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestra un panorama oscuro: solo el año pasado, el total de hectáreas destinadas a la hoja de coca ascendió a 204.000, 43% más que 2020. Orinoquía y Pacífico fueron las regiones con los mayores aumentos: 157% y 76%, respectivamente.
“Esta es una muestra visible y evidente del fracaso de la guerra contra las drogas”, anota Néstor Osuna, ministro de Justicia. “Eso revela un aumento de la dependencia de las comunidades a la economía ilícita”.
Según las Naciones Unidas, casi nueve de cada 10 cultivos de coca han estado en los mismos lugares desde hace 10 años, por lo que rastrear las zonas de mayor conflictividad le marcan un camino a Petro sobre en qué lugares debería priorizar su reforma agraria. Por ejemplo, 62% de los cultivos se concentra en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, departamentos permeados por la guerra y en donde hay negocios ilegales alternos a las drogas.
Uno de los hallazgos más grandes de la UNODC es el crecimiento que han tenido estos cultivos en los últimos años fuera de los enclaves productivos: mientras que en dichas zonas alcanzó 32%, en la periferia llegó a 68%, lo que facilitó la conformación de nuevas instalaciones de producción en zonas como Cauca y el norte del Chocó.
Estos enclaves se caracterizan por concentrar el mayor número de hectáreas de hoja de coca por kilómetro cuadrado, permanencia en el territorio superior a cuatro años, mayor productividad de los lotes de coca, la proximidad a las principales rutas de tráfico, así como una presencia que abarca todos los eslabones de la cadena productiva. Esto atrae a grupos armados ilegales, narcotraficantes y productores.
Aunque los distintos gobiernos han mostrado resultados, en los últimos años solo han sido erradicadadas 440.000 hectáreas de coca, según UNODC. Por eso el ministro Osuna explica a Forbes que “si se sigue haciendo lo mismo que en los últimos 10 o 20 años, los resultados no van a cambiar”.
De hecho, la erradicación forzosa muestra un índice de resiembra de 43%; cuando hay erradicación voluntaria la cifra es 0,22%. “Por eso tenemos que apostarle a esta metodología, pues representa una alternativa para el cultivador al habilitarlo para encontrar usos lícitos de la hoja de coca”, agrega Osuna.
El diagnóstico es más crítico. En 2021, por ejemplo, el total de toneladas de clorhidrato de cocaína llegó a los 1.400. El número creció 14% frente a 2020 y fue la cifra más alta en la historia del país. El fenómeno se ha venido intensificado por la mayor demanda global de cocaína en los últimos tres años, así como por la concentración en enclaves productivos.
Negocio billonario
Con Colombia repleta de coca sembrada, la voluntad política no es suficiente para ejecutar un proyecto de sustitución que sea exitosos en el largo plazo. Según explican Pablo Zuleta y Lucas Marín, investigadores del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, “el tránsito hacia nuevos enfoques es complejo, pero el gobierno tiene la oportunidad de materializar cambios”.
Actualmente, la cantidad de hoja de coca necesaria para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína vale US$450. Sin embargo, tras su procesamiento la cifra puede triplicarse en zonas de producción o incluso incrementar hasta nueve veces si se vende al por mayor, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).
En resumidas cuentas, los precios de un kilo pueden superar cifras entre los US$10.000 y US$30.000 en el mercado nacional; y más escandaloso aún es el entorno foráneo, ya que el valor del producto oscila entre US$23.000 y US$36.900 en Estados Unidos e incluso escala a un rango de US$24.300 a US$59.400 en la Unión Europea, según datos del Informe Mundial sobre las Drogas de la UNODC.
Las cifras muestran cómo las utilidades del negocio crecen, dejando ganancias para todas las partes de la cadena. De hecho, se trata de una economía ilegal que mueve billonarios recursos anualmente, un poco por encima de lo que mueven productos tradicionales como el café, que aportan casi el 1% a la economía nacional.
Anif proyecta, por ejemplo, que la ilegalidad (lavado de activos y narcotráfico) tiene un peso de 1,9% del PIB, lo que equivale alrededor de $16 billones de 2018; el Cesed de los Andes añade que la cifra podría estar en 1,8% del PIB y hay economistas que han hablado de que, incluso en épocas de mayor auge del narcotráfico (años 80’s), se llegó a mover hasta un 3% del PIB.
Zuleta y Marín sostienen “la extensión del área de cultivos de coca y marihuana en Colombia es enorme, lo cual hace que la dependencia económica de los hogares y de los territorios a estas economías sea considerable”. Y añaden: “Lo que se ha mostrado consecutivamente es que la sustitución de la coca por cualquier producto es insuficiente. Estas políticas deben estar orientadas a la transformación territorial, a atacar las causas de los cultivos de uso ilícito y de la pobreza en las zonas rurales”.
¿Legalizarla o no?
El ministro de Justicia cree que el camino a corto plazo no será la legalización, pero resalta la importancia de que la nueva política de drogas provenga de una decisión popular. Su cartera, según le dijo a Forbes, espera realizar cuatro audiencias sobre nuevas estrategias de desarrollo territorial para elaborar propuestas concretas, pues, a su juicio, este problema “no se resuelve solo con apartado punitivo y policial”.
Candice Welsch, la directora de UNODC para la región Andina y Cono Sur, advierte que “hay que promover un abordaje coherente del problema de drogas y la delincuencia transnacional. Debemos dar discusiones importantes en temas de salud pública, desarrollo productivo y sustitución, así como las condiciones de las comunidades”.
La ejecutiva sostiene que el clorhidrato de cocaína ha tenido una tendencia al alza desde 2014, gracias a una mayor capacidad para extraer la hoja de coca, pues los lotes se encuentran en edades productivas. De ahí que lo más importante –en términos de mayor eficiencia y de sostenibilidad– debe apuntar a estrategias que ayuden a transformar los territorios, las comunidades y las instituciones.
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Al respecto, Welsch reconoce que las políticas de desarrollo alternativas juegan un rol vital al garantizar un futuro más seguro en acceso a mercados legales, el incremento en la seguridad por medio de la presencia estatal, así como la disponibilidad de servicios públicos como educación y salud. Gran parte de los actores coinciden en que una reforma agraria estructural sí le permitiría a Colombia avanzar por una nueva senda, sin legalizar la droga.
Si el mundo no está preparado aún para una eventual legalización es por razones de salud pública: año tras año se destinan millones de dólares para luchar contra las enfermedades derivadas del consumo, así como para la prevención. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), 107.000 personas murieron de sobredosis en 2021 en ese país.
Por eso, parte de la solución de Petro se centra en concretar un conjunto de incentivos para promover legalidad en las zonas de mayor producción e incluso diseñar una política social que permita un mayor acompañamiento del Estado para garantizar el tránsito a la legalidad. Como parte de esas medidas, el mandatario ya ha hablado hasta de ajustar la política de extradición de narcotraficantes, por lo que su objetivo sería impulsar un gran sometimiento a la justicia para que se pueda avanzar desde los pequeños productores hasta los dueños del negocio.
El debate no solo debe ser colombiano, sino regional o incluso mundial. La regulación resulta ser una alternativa lejana para las expectativas de los países que conviven con este flagelo. Es hora de concretar una nueva agenda para buscar otras soluciones. Petro ya ha dado el primer paso; ahora le toca a Latinoamérica y a los países consumidores. ¿Podrá el mundo encontrar una solución a esta pandemia?