El organismo de control hace un llamado a las autoridades encargadas para que tomen las medidas necesarias y se prevenga un colapso del sistema de salud, que vulnere el derecho fundamental de todos los colombianos.
Un llamado de atención hizo la Procuraduría General de la Nación a comienzos de la temporada decembrina alertando de la situación problemática que vive el sistema de salud, lo que podría poner en jaque su sostenibilidad, y que vienen advirtiendo desde hace un tiempo los gremios que conforman el sector, tales como ACEMI, GESTARSALUD, ANDI, ASOCAJAS y los gerentes de las Empresas Promotoras de Salud, incluyendo una EPS indígena.
En una misiva enviada desde la entidad con destino al Ministerio de Salud, en cabeza de Carolina Corcho; el Ministerio de Hacienda, a nombre de José Antonio Ocampo; el Departamento Nacional de Planeación, cuya dirección está en manos de Jorge Iván González, y a la Directora Ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS, Adriana Robayo, el organismo instó a las autoridades en mención a dar una respuesta inmediata ante el riesgo de colapso en el sistema de salud.
Respecto a los factores que estarían propiciando dicha situación, la Procuraduría señaló que hay una afectación en la prestación efectiva de los servicios del sistema de salud a los usuarios, derivada de una falta de recursos tanto financieros como materiales.
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La comunicación lista los principales factores que han llevado al sistema a este punto. De acuerdo con lo expuesto en el documento, la insuficiencia de la UPC 2022 y las proyecciones para el 2023, es decir, el monto que reconoce por cada afiliado al sistema general de seguridad social en salud, es uno de los mayores retos a atender.
Eso sumado a reforzar la capacidad del sistema para responder a los traslados forzosos por las liquidaciones de EPS intervenidas, la atención de los efectos del Long-Covid, así como la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Otra de las razones enumeradas es el déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022, que pese a no estar incluidos en los Planes de Beneficios y ya estar reconocidos por el Gobierno se han pagado.
“La Procuraduría (…) se permite solicitarles en nombre de todos los colombianos, tomar acciones inmediatas para evitar un colapso en el sistema que afecte directamente la prestación de los servicios de salud, por los problemas de financiamiento, la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos que ha venido impactando el acceso oportuno a la prestación de los servicios de los afiliados y beneficiarios en los regímenes contributivo y subsidiado de la población durante lo corrido del año 2022 y lo que se prevé para 2023”, dice el texto, con fecha de diciembre 2.
El organismo de control hace un llamado a las autoridades encargadas para que tomen las medidas necesarias y se prevenga un colapso del sistema de salud, que vulnere el derecho fundamental de todos los colombianos.