El coletazo de la pandemia ha mostrado que la creación de empleos debe ser una prioridad mundial, especialmente en los países subdesarrollados. En Colombia las cifras muestran una radiografía crítica, que obliga a que se tomen decisiones urgentes como la flexibilización del mercado laboral y la estructuración de un nuevo sistema de protección social. Acá unas pistas sobre cuál debe ser el camino.
La presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguascha, cree que un país competitivo debe priorizar el talento humano, el mercado laboral, la educación y la protección social, por encima de la situación fiscal y la eficiencia del Estado. Su lectura parte de la necesidad de encontrar salidas a una Colombia sumida en la informalidad, que ha sido incapaz de concretar cambios estructurales para mejorar las condiciones de vida: no solo en temas de empleo y pensiones, sino incluso desde momentos como la primera infancia, en los que empieza el desarrollo de las futuras generaciones productivas.
“El país se debe dar cuenta de cuáles son las prioridades. Tenemos crisis de talento humano y no parecemos estar dispuestos a entrar en esas discusiones difíciles”, dice. La ejecutiva, excodirectora del Banco de la República, sostiene que en épocas de cambio, con un gobierno progresista, es momento de incluir a quienes no tiene voz en los debates más álgidos del país. De ahí a que a partir de ahora se deben plantear conversaciones que incluyan a las mayorías, y no las minorías privilegiadas que son los que justamente discuten las normas para su beneficio.
“Hemos pasado la vida regulando para un segmento de la población y eso estaría bien si no fuera porque el efecto es cerrarle la puerta a la mayoría de la población. Entonces la gran preocupación del informe (de competitividad) es que cualquier progreso que hagamos tiene que contar con la participación de toda la gente”, argumenta Maiguascha. “Tú no puedes participar solamente en las discusiones cuando tienes hambre”.
El país acaba de aprobar una tributaria que hace el sistema más progresivo y se hace imperioso entonces entregar las bases que debería integrar una eventual reforma pensional y laboral, tal como lo han anunciado. Por eso, de cara a ser un país más competitivo, se necesitan acciones urgentes que propicien la productividad, otorguen mayor cobertura en protección social y permitan nuevas dinámicas para los informales, quienes son poco más del 60% de los trabajadores en Colombia.
Radiografía
De acuerdo con el Dane, con cálculos del CPC, actualmente en Colombia hay alrededor de 38,4 millones de personas que están en edad de trabajar. De este total, 20,4 millones estaban trabajando para cierre del 2021, de las cuales 44% eran hombres; 31%, mujeres, y 25%, jóvenes entre 15 y 28 años. La mayoría de esta población productiva está en el umbral de la informalidad, que asciende al 62% según los mismos datos. Dicha situación es crítica teniendo en cuenta que a este amplio espectro se suman 2,2 millones de personas “desocupadas” y una población económicamente inactiva de 14,8 millones, compuesta en su mayoría también por mujeres y jóvenes.
Con estos datos es evidente que la estructura laboral actual genera niveles de desequilibrio insostenibles, que ponen trabas para la reducción de la pobreza o el cierre de brechas. De hecho, una cifra que sorprende es que el 61,5% de los ocupados informales no cotizan a seguridad social, unos cálculos que ascienden al 85% para las zonas rurales. Es decir que parte de la fuerza laboral actual no encontrará una pensión en el largo plazo, lo que generaría mayor presión para una Colombia que apuesta por reducir la población que es pobre o está en condición de vulnerabilidad.
“Se debe pensar en un estatuto que entienda las diferencias entre la ciudad y el campo. Que plantee un régimen para el campo y el campesinado colombiano y un régimen para las ciudades, los oficinistas y los procesos de industrialización que vivimos en la actualidad”, añade Fernando Escandón, director del departamento de derecho laboral de la Sergio Arboleda.
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Actualmente, Colombia tiene una de las mayores tasas de pobreza laboral, así como de informalidad, según el Consejo Privado de Competitividad. Está muy por debajo de pares como Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, pero en la misma línea que Perú y Ecuador. Esto se genera debido a que no se construyen mecanismos que promuevan un mayor acceso a ese mercado, por lo que es un sistema que está hecho para que los informales continúen de esa manera, pues no hay incentivos para pasar a ese pequeño grupo que está en el marco de la formalidad.
Un claro ejemplo de esta situación se vislumbra en las discusiones que se hacen cada diciembre con el salario mínimo: hoy la ley excluye de la formalidad a un alto porcentaje de los trabajadores dado que usa el salario mínimo para determinar quién debe hacer aportes al sistema de seguridad social. Eso, de entrada, desconoce que el ingreso laboral del 60% de los trabajadores colombianos es menor a este parámetro, por lo que se cierran las puertas a la mayoría de la fuerza laboral.
“Al revisar los datos se ve que solo el 13% de los empleados superan ingresos laborales de $2 millones dado que la mayoría de los trabajadores son informales. Por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia, el 88% son informales y solo el 6% gana más que un salario mínimo”, resume el más reciente informe de competitividad.
Con esto sobre la mesa, es claro que la regulación actual es ajena a la situación nacional: un porcentaje muy bajo es beneficiada con el aumento del salario, pues en general los colombianos trabajan por cuenta propia, en negocios familiares, o en negocios muy pequeños de baja productividad.
Ideas para la competitividad
Aunque tradicionalmente se ha hablado que se deberían reducir los costos que enmarcan la relación laboral, parte de la solución no debe ser solo de la oferta, sino también de la demanda. Al respecto, Maiguascha dice que debe ser un compendio que integra la primera infancia, la educación, la creación y promoción del talento y claramente el aspecto regulatorio.
Manuel Fernández, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, lo resumía así hace unos meses: “Es fundamental replantear esos esquemas regulatorios y tratar de desarticular la financiación de algunos beneficios y la seguridad social de lo que son los costos al trabajo”. Por eso, en ese horizonte, los ejes para lograr un país más competitivo deberían estar en una flexibilización del mercado laboral que responda adecuadamente a los retos de los nuevos sectores y de los ya consolidados. De hecho, un punto central en el que podría iniciar la discusión sería la reforma al régimen de cesantías actual, que de fondo solo está hecho para unos pocos.
Asimismo, en esas mismas discusiones se debería integrar el papel que juega la protección social, pues la relación laboral va en línea con las cotizaciones que realizan los colombianos a pensión. “Se debería proponer que las personas puedan cotizar a su protección social de acuerdo a su ingreso: si ese ingreso es un peso, de acuerdo a un peso; si ese ingreso es un salario mínimo, de acuerdo a un salario mínimo, pero si es medio salario mínimo, de acuerdo a su medio salario mínimo”, destaca Maiguascha. “Estamos jugando un poco el juego de todo o nada, y eso afecta una porción muy amplia de la población, entonces desligar la puerta de la protección social del salario mínimo, es fundamental que podamos hacer aportes que vayan, repito, con el nivel de ingreso”.
El CPC, que estudia cómo Colombia puede lograr ser un país más competitivo en diversos aspectos, destaca también que la protección social no necesariamente debe ir de la mano de ese empleo formal. Por eso ese esquema se debe reestructurar de cara a que esté realmente diseñado para la fuerza laboral colombiana.
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“El hecho que tú puedas cotizar por el pedazo que trabajaste, permitiría que muchas personas encontraran trabajos formales. Si ellos pudieran cotizar por los pedacitos de la semana que pueden trabajar mejoraría el sistema”, concluye la ejecutiva. En resumen, lo que se propone es que una trabajadora doméstica, por ejemplo, pueda cotizar los días trabajados y no por el mes. Sus aportes serían por menos del salario mínimo, pero así mismo entraría al sistema, ahorrando según su capacidad.
Escandón destaca que una reforma laboral en Colombia debe abarcar dos grandes problemas. “En primer lugar, crear un estatuto del trabajo que vaya de la mano con políticas gubernamentales para la formalización el alto número de trabajadores informales y que además permita reducir las altas tasas de desempleo. Una reforma rígida que discuta problemas del pasado y que haga menos competitivo al sector empresarial va a profundizar las brechas sociales y afectar la productividad del país”.
Por ahora las discusiones son amplias, pero las fórmulas están. Ahora le queda al gobierno definir un nuevo salario mínimo para el 2023 y empezar a analizar cuáles serán los ejes de una eventual reforma laboral y pensional. Flexibilización, reforma a las cesantías y nuevas formas de contribución son las claves de esa discusión.
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