Colombia se enruta a que los ciudadanos tomen el poder de su información financiera con las finanzas abiertas

En Colombia, el sector financiero está a la expectativa de lo que se defina en 2023 con las finanzas abiertas, algo de lo que se ha venido hablando desde hace muchos años, pero que finalmente se va a materializar luego de que el gobierno expidiera el decreto 1297 de 2022 que marcó una hoja de ruta para este modelo que otorga a los ciudadanos la titularidad de sus datos personales y financieros para que puedan autorizar su transferencia de esos datos a otras entidades financieras o terceros especializados.

En las manos de la Superintendencia Financiera está la Hoja de Ruta de Finanzas Abiertas, con la entidad definirá la gobernanza, el alcance y estándares que deben desarrollarse para lograr una arquitectura para el esquema de apertura de datos y para el de iniciación de pagos. En la etapa inicial de diseño las instituciones tienen autonomía para decidir si hacen parte del esquema.

“La entidad está implementando un esquema que tiene como principios fundamentales la interoperabilidad y competencia, dos elementos claves para logar que las entidades financieras y no financieras encuentren atractivo participar en el esquema de datos abiertos”, dijo a Forbes el superintendente financiero Jorge Castaño. “Se espera tener un proceso de socialización y validación con otras autoridades y la industria, con el objetivo de obtener retroalimentación”.

El propósito del intercambio, transferencia y circulación de los datos personales es que los consumidores tengan control sobre sus datos para que puedan acceder y elegir lo que más conviene a sus necesidades entre la oferta de productos y servicios financieros.

De acuerdo con el decreto, para la apertura de datos la entidad tendrá que establecer estándares tecnológicos, como los de seguridad y definir el seguimiento al avance de implementación de tales estándares por parte de sus entidades vigiladas.

Entre tanto, para el esquema de iniciación de pagos, el documento determinó que esa entidad deberá definir reglas de autenticación y confirmación de órdenes de pago resultado de la operación por parte del emisor. La entidad podrá enlistar instrucciones para que las actividades de iniciación de pagos se ejecuten en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia, así como realizar la ampliación de políticas y procedimientos para identificar, prevenir y administrar conflictos de interés.

Brasil y México van más avanzados que Colombia en la implementación de las finanzas abiertas, mientras que en Ecuador, Chile y Argentina están abordando la discusión.

Andrés Albán, cofundador y CEO de Puntored, reconoce que tanto la Superfinanciera como la URF han entendido que este tipo de marcos regulatorios se construyen de manera colectiva con los diferentes jugadores del mercado y que el decreto no se centra solo en los datos, sino que también incluye iniciación de pagos, corresponsalía digital y oferta de valor agregado en ecosistemas para los usuarios de entidades financieras. Hay un desafío en que el regulador establezca un marco regulatorio que cuente con una gestión de riesgo que tenga en cuenta la posición de los diferentes actores sin descuidar las características específicas que presenta el país.

“La obligatoriedad es algo a lo que se debe llegar de forma gradual dado que no todas las instituciones financieras están en capacidad o tienen claro cómo abordar el open finance”, sostiene el cofundador de Puntored, que con sus soluciones ha llegado a 11 millones de personas, la mayoría de ellas no bancarizadas, en más del 90% de los municipios del país. “Por eso consideramos que se deben utilizar iniciativas como la corresponsalía digital, donde Colombia ha sido pionero, para facilitar a muchas de las entidades incursionar gradualmente con rieles y conexiones probadas y conocidas por ellos”.

Catalina Bretón, gerente en Colombia de Nu, que en su operación en Brasil ha interactuado con este modelo, señala que el impacto ha sido desde el acceso básico a información pública, hasta la portabilidad de datos, iniciación de pagos y otros casos de uso en ruta de implementación, que han derivado en una aprobación de crédito más rápida y menos burocrática, una experiencia de cliente mejorada, definiciones más claras de los límites de crédito y un uso más amplio de la tecnología. En Colombia, que es el mercado que ella lidera, ve varias tareas pendientes.

“La norma delega a la Superintendencia Financiera la definición de estándares y lineamientos para promover la eficiencia, transparencia y seguridad del modelo y le da para ello doce meses a partir de su expedición. Cada día sin esta reglamentación secundaria será un día de rezago en la innovación que el consumidor demanda y espera”, comenta Bretón. “Así mismo, es importante recalcar que las finanzas abiertas solo crearán una verdadera transformación del sector a favor de los usuarios colombianos si se asegura obligatoriedad de participación a las instituciones financieras dominantes”.

Por su parte, José Luis Lopez, CEO y cofundador de Finerio Connect, ve positivo que en Colombia se pueda monetizar todo el modelo de datos, pagos y servicios financieros, porque con una monetización de APIs, tanto empresas fintech como bancos estarían dispuestos a pagar porque obtienen un beneficio tangible, aunque no ve tan cerca la implementación del modelo. “La ruta del país para la regulación la veo corta, ya que se plantearon un plazo de 12 meses y ya van corridos cuatro de ellos”, dice.

A su vez, David Ballesteros, country manager de Belvo para Colombia, asegura que al comité de discusión han llevado su experiencia en Brasil y México con la aplicación de estándares de seguridad, la protección del consumidor y su bienestar.

“En México, a pesar de que la regulación está avanzando lentamente, los primeros pasos han servido para movilizar a las empresas, incluyendo a jugadores tradicionales, a acercarse a estos modelos y comenzar a implementar casos de uso que ya son viables en el mercado”, anota Ballesteros, quien coincide con que la obligatoriedad ha demostrado ser ventajosa en otros mercados.  “Sin duda creemos que Brasil es un claro ejemplo para seguir en materia de regulación, no solo por la rapidez con la que se han sucedido las distintas fases – y que han promovido una acelerada innovación en el sector-, sino también por su vocación amplia para incluir desde el principio distintos tipos de datos financieros en su modelo y abordar aspectos clave como son los pagos dentro de su marco de actuación”.

Según Ballesteros, en este punto el sector debe identificar y adoptar los casos de uso que ya son viables en el mercado y que están ganando cada vez más tracción ya respaldados por regulaciones más amplias -como las leyes de protección de datos y otras disposiciones específicas para las fintech.

Asobancaria, que agremia a bancos de Colombia, no respondió a una solicitud de comentarios.

La hoja de ruta de la Superintendencia Financiera incluye una etapa de sensibilización, que contempla conversaciones con expertos; una etapa de diagnóstico a entidades vigiladas y no vigiladas para identificar el grado de innovación tecnológica y sus necesidades; una etapa de talleres con el Banco Mundial, para coordinar y definir la gobernanza y el alcance de las finanzas abiertas en el país; una etapa de validación, que involucrará a otras autoridades para obtener retroalimentación y acuerdos entre todos los interesados y una última etapa, que terminará con la publicación de los estándares de las finanzas abiertas para Colombia, que será la cereza del pastel en 2023.