El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, reiteró que Colombia sigue necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo.
Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, continúan generando debate en varios sectores, especialmente en los petroleros y los principales gremios del país.
La posición de no volver a firmar contratos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia ha provocado que en las últimas horas la Asociación Colombiana de Petróleo emita un pronunciamiento sobre las consecuencias que traería para el país una decisión de tal magnitud. De hecho, han explicado que se trata de una industria que es fundamental para la estabilidad económica del país, la financiación nacional y la de los departamentos y municipios.
“Cerca del 40% de las exportaciones dependen de este sector, el 20% de los ingresos fiscales de la Nación y el 76% de las regalías. Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria”, dijeron.
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A la discusión ya se han sumado funcionarios del Gobierno Petro, quien van en contra de los mensajes de la ministra y aseguran que Colombia sí seguirá necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo, contrario a lo que se ha argumentado desde el Ministerio de minas y Energía.
Así precisamente lo explicó José Roberto Acosta, director de Crédito Público, quien a través de su cuenta de Twitter reiteró que la transición energética llevará alrededor de 20 años. “Ecopetrol aporta ingresos alrededor del 10% del presupuesto nacional. Esto debe cambiar, pero llevará tiempo”, dijo a lo que agregó: “Colombia sigue necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo”.
Por ahora el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Vélez, pero en oportunidades anteriores destacó que el país no cierra la puerta para que se firmen nuevos contratos.
El año pasado, el Gobierno confirmó que sometería la decisión de suscribir o no nuevos contratos de exploración a un estudio del potencial hidrocarburífero del país, que identificara si las obligaciones actuales alcanzan para la transición energética. Por ahora, ese estudio aún no se ha empezado a construir.