Gobierno Petro buscaría el bloqueo de plataformas de movilidad como Uber, Didi, Cabify e Indriver

En la Superintendencia de Transporte están preparando un proyecto de ley, cuyo borrador, plantea que esa entidad pueda ordenar a proveedores y operadores de redes y servicios de internet el bloqueo de plataformas tecnologas que intermedian el servicio de movilidad privada, como Uber, Didi, Cabify e InDriver, que aún no están reguladas en el país.

En el proyecto se contemplan inmovilizaciones de hasta tres meses vehículos registrados en esas plataformas, así como multas a conductores, a las plataformas y de más de $10 millones a los usuarios. Fuentes de la Superintendencia de Transporte se negaron a comentar sobre el proyecto porque afirman que todavía está en construcción.

Alianza In, el gremio de aplicaciones y de innovación, alertó que el borrador del proyecto de ley “propone una violación flagrante al principio de neutralidad de red”, que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de Internet.

Este es un principio del derecho internacional, también previsto en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de Uber en 2019, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, por la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad de red.

Según un estudio de Fedesarrollo (2021), más de 100.000 conductores generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad. Según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44% estaría desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente y el 14% tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB.

“Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social”, indicó Alianza In en un pronunciamiento.

José Daniel López, director de Alianza In, expresó la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100.000personas, concreten la libertad de elegir de los ciudadanos, promuevan la movilidad sostenible y dinamice la economía digital.

“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, afirmó López.

El ministro de Transporte Guillermo Reyes ha expresado en los medios de comunicación el compromiso del gobierno del Presidente Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario.

Alianza In sostiene que ha presentado propuestas y ejemplos internacionales que pueden contribuir en la tarea de la reglamentación.

“Debemos reiterar que la prohibición y persecución de esta actividad económica es el peor camino posible”, concluyó el gremio.

Un bloqueo como el que propone la Supertransporte afectaría también a más de 230.000 taxistas que usan estas plataformas.