Desde 1991, la compañía barranquillera ha pasado por varias dificultades que, si bien no han afectado su valor e importancia para el país, sí la han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades colombianas.
Los líos empresariales no paran en Colombia. Además de episodios como la OPA del Grupo Nutresa y la eventual compra de Monómeros por parte del gobierno colombiano, entre otros, se suma un nuevo escándalo que impacta directamente a Triple A, empresa prestadora de servicios de agua, alcantarillado y limpieza en Barranquilla, así como a la ciudad misma, que habría perdido una suma importante de dinero por causa de operaciones de la compañía.
Tal ha sido la controversia que el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció ayer en su cuenta de Twitter, solicitando a la Superintendencia de Servicios Públicos la realización de un estudio de valorización de la empresa. Esto debido a la sospecha de una venta fraudulenta de acciones de la compañía, que habrían salido al mercado por un valor inferior al original.
Este tema viene rondando desde finales de diciembre de 2021. Para entonces, la participación de Barranquilla en la compañía se había diluido, pues pasó de tener 85% a solo 14,5%, por cuenta de unos líos judiciales. Las acciones que se perdieron, terminaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La operación propuesta por la administración local buscaba recuperar el dominio de la firma adquiriendo por $565.000 millones, las acciones en poder de la SAE, con lo que se harían a un total de 65% de participación de la compañía. El acuerdo se firmó durante la Administración Duque.
Pero con la llegada del nuevo gobierno, el negocio se trancó porque la administración Petro considera que el avalúo de las acciones tenía errores aritméticos y esto haría que se configurara un preculado por apropiación a terceros por $400.000 millones, de acuerdo con una denuncia pública del secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, Andrés Idárraga.
Con dicha venta, el distrito de Barranquilla pasó de 14,5% a 65% de participación, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la empresa, aunque manteniendo el 30% de regalías sobre el flujo de caja libre. Lo anterior configuraría un proceso ilegal, según Idárraga, pues dicho contrato no debió venderse de manera directa.
No obstante, la polémica continuó en septiembre de 2022, cuando la familia Daes, dueños de 20% de participación de Triple A con su empresa Alutrafic Led SAS, anunciaron que retornaban parte de las acciones de Triple A al Distrito y que así pudiera tener la mayoría. Lo más extraño del asunto es que la operación se habría realizado sin desembolsar un solo peso para la formalización del traspaso de la empresa de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a manos de los operadores, según un análisis publicado por La Silla Vacía.
Este escándalo tiene en problemas al director de la SAE, Daniel Rojas, que acaba de ser suspendido por tres meses para aclarar este enredo, que ha puesto en entredicho la legalidad de la transición de Triple A y el dominio que el distrito de Barranquilla ejerce sobre ella.
Curiosamente, la participación de Barranquilla en la compañía era mucho mayor hace unos años, llegando hasta 85% en 1991, según comentó el exalcalde de la ciudad, Alejandro Char. Durante su administración, el objetivo apuntaba a aumentar el 14,5% que tenían en ese momento y aprovecharlo para generar más utilidades y, a su vez, invertir dicho capital en programas sociales de la ciudad.
El 85% previamente mencionado se redujo considerablemente en 1996. Para entonces entra a colación Inassa S.A., filial en Latinoamérica de la española Canal de Isabel II, que obtuvo hasta 43,31% de las acciones de Triple A. La empresa mantuvo el control hasta 2018, cuando la Fiscalía General de la Nación embargó hasta 82,16 % de las acciones de Triple A. De acuerdo con fuentes oficiales, la operación se realizó con fines de extinción de dominio por detrimento patrimonial y malos manejos.
Además del 82,16% que poseía Inassa, constituida en Barranquilla por Aguas de Barcelona, la restante porción minoritaria se veía representada en 3,34% que controlaban 5.490 accionistas privados, entre personas jurídicas y particulares. El 14,5% restante era del Distrito de Barranquilla.
En octubre de 2018, la SAE asumió el control directivo de la Triple A, como parte de la “operación Acordeón”, relacionada en España con la “operación Lezo”. Para entonces, las autoridades colombianas descubrieron que varios exdirectivos de Inassa y Triple A se habían apoderado de millonarios recursos dentro de la empresa barranquillera a través de contratos ficticios de asesoría técnica.
Los pagos fraudulentos se detectaron a través de un “contrato de asistencia técnica” entre 2000 y 2017, que habrían causado un detrimento patrimonial de $236.853 millones de pesos a Triple A. Esto habría provocado la destitución del gerente de la empresa en ese entonces, Ramón Navarro Pereira, que a su vez recibió una multa de $600 millones por parte de la Procuraduría en septiembre de 2022.
Tres años después del paso de Triple A a la SAE, Inassa denunció el deterioro en la prestación de los servicios de la compañía en al menos 14 municipios de la Costa Atlántica. Según la denuncia de la empresa, hubo una disminución importante de la longitud de tuberías de saneamiento sometidas a limpieza (-14 %), así como la que ha sido objeto de inspección con cámara (-11,6 %).
Pese a estas dificultades, la empresa sigue generando mucho interés. Y es que es considerada como “una de las joyas de la corona de Barranquilla” al tener injerencia en 15 de los 23 municipios del Atlántico. De hecho, el informe de resultados financieros de 2021 reportó $677.000 millones en ingresos y $94.000 millones en utilidades.
No cabe duda que es un capital apetecido y que, como dijo Char en su momento, puede ser de utilidad para programas sociales en la ciudad. Sin embargo, la forma de proceder ha traído más sombras que luces sobre la figura de una empresa que, para bien o para mal, es vital para la región Caribe.