Colombia afronta un año de reformas en medio de riesgos de recesión económica

Cuando Gustavo Petro se posesionó como Presidente de la República el pasado 7 de agosto del 2022, habló sobre la necesidad de reconstruir a Colombia a través de una serie de reformas que permitan crear un país con mayor justicia social. Ese día, en plena Plaza de Bolívar, reiteró que el plan para los próximos cuatro años era una reforma tributaria, así como una a la salud, a las pensiones, a la educación y al contrato laboral.

Desde entonces, un ejército de funcionarios –guiados por los jefes de cada cartera– han trabajado en construir ambiciosos proyectos que le den un giro de 180 grados a los sistemas actuales. La primera tarea, incluso, se llevó a cabo a finales del año pasado, cuando el ministro José Antonio Ocampo logró pasar una tributaria por $20,3 billones, de la mano un nuevo impuesto al patrimonio y más tributos al sector de hidrocarburos.

Lo que parecía entonces como un éxito para el Gobierno, se convirtió en el preámbulo de lo que venía para 2023: se trata de las tres grandes reformas que prevén presentarse este año ante el Congreso de la República, y las cuales buscan, de fondo, reestructurar el sistema a la salud, crear un nuevo sistema pensional y avanzar hacia un mercado con mejores condiciones laborales. Cada una de ellas es “la madre de todas las reformas”, porque van todas en un mismo envión y aspiran a lograr cambios radicales en cada uno de estos temas.
Los tiempos para su discusión aún no están claros, pero lo cierto es que la primera en la agenda es la del sistema de seguridad social en salud, que se presentará este mes en el marco de las sesiones extraordinarias, según confirmó a Forbes la ministra de Salud, Carolina Corcho. La laboral, detalló el Ministerio de Trabajo, llegará al Congreso el 16 de marzo y la última será la de pensiones, que podría estar lista antes de finalizar el primer semestre.

¿Nuevo sistema de salud?

La reforma a la salud es quizás la más polémica, la que ha causado más ampolla y en la que se pide mayor mesura. El motivo: hay varias voces en contra del proyecto e incluso algunas divisiones dentro del mismo gabinete de Petro. Aunque hasta el momento no se conoce el articulado final, el gobierno sí ha dado algunas pistas sobre hacia donde quiere llevar el sistema, que actualmente alcanza una cobertura superior al 99%.

“El objetivo central es garantizar el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos; llegar a todos los territorios, en especial aquellos más dispersos en donde no se cuenta con presencia médica ni hospitalaria, o cuyas condiciones son deficientes”, explicó la ministra de Salud a Forbes. “Queremos que el derecho a la salud se realice en todo el país y que nadie sea excluido”.

Bajo 11 pilares estratégicos se plantea el texto, que según Corcho ya está en el despacho del Presidente. Quizás los ejes que más llaman la atención son los del modelo de salud preventivo y predictivo, la transformación de las EPS en redes prestadoras de salud o los cambios que podrían venir al seguimiento a la ejecución fiscal. En concreto, según lo que plantea el gobierno, se busca crear un modelo en el que el servicio sea universal, se elimine la intermediación financiera de los recursos públicos y se garantice la sostenibilidad fiscal a los prestadores finales de los servicios.

Corcho explicó que las EPS ya cumplieron su ciclo, por lo que corresponde garantizar el uso más eficiente de los recursos, con un mecanismo que garantice la transparencia de su manejo: “Eliminar la intermediación y asegurar que los estos lleguen de manera directa a clínicas, hospitales y centros de salud garantiza mayor eficacia e inclusión”, destaca. “Queremos propiciar una relación directa entre médico y paciente. El acceso a servicios, especialistas y medicamentos sin necesidad de autorizaciones. La orden médica será suficiente”.

La ministra reitera que el origen de los recursos es público, por lo que destaca que “todos los colombianos seguirán asegurados, tanto en la transición como en la implementación de la reforma”. De hecho, argumenta que en ningún momento “se busca poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas”.

A los sectores no les convence la posición de Corcho y en reiteradas ocasiones han dicho que la reforma llega al Congreso con argumentos erróneos, cifras incorrectas y sin consenso con actores claves como las EPS. De hecho, hace unos días los principales actores del sistema reiteraron que se trata de un proyecto que afecta de manera directa la atención salud de todos los colombianos y la sostenibilidad del sistema. Por eso pidieron que se abran espacios de construcción, deliberación y concertación.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzca en mejoras reales para los pacientes y la salud de los colombianos”, expresaron.

Parte del llamado que se hace a abrir un espacio de diálogo obedece a que en las últimas semanas se ha aumentado la desinformación sobre el verdadero panorama en el que se encuentra el sector. A principios de enero, por ejemplo, Corcho aseguró que las deudas totales de las EPS al sistema ascendían a $50 billones, pero días después la Superintendencia de Salud corrigió esos datos y advirtió que la cifra real ascendía a $23,3 billones, de los cuales $16,6 billones corresponden a EPS en funcionamiento, $1,7 billones a las EPS liquidadas y $5 billones a las EPS en liquidación.

Los empresarios coinciden en que la discusión debe ser técnica y no política, por lo que es necesario que la reforma tenga una verdadera socialización ante los diversos grupos de interés. Desde Acemi, gremio de las aseguradoras, se argumenta que se debe ser muy preciso con las cifras que se manejan, pues es clave dar cualquier cifra en contexto. “La deuda de una EPS debe analizarse acorde con su tamaño. La deuda es proporcional al número de afiliados, no se pueden tomar valores absolutos”, aclara su presidenta, Paula Acosta.

Luis Jorge Hernández, director de investigaciones y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, añade que en general las discusiones de la reforma deben centrarse en tres puntos clave. “Cómo debe ser el modelo de atención en salud para que responda a la Ley Estatutaria y al Derecho a la Salud incluyendo las redes de servicios de salud público privados; quién va a asumir el papel de las EPS como responsables del aseguramiento y la gestión del riesgo individual; y cómo va a ser la gestión de los recursos de salud de casi $80 billones a través del ADRES o administración nacional de recursos del sector salud”.

La ministra sostiene que con la reforma se busca “realizar pagos directos al prestador final de los servicios con lo cual se ahorraría al sistema $6,5 billones”. Si bien no lo confirma, esto podría ser a través de Adres regionales que administren el dinero de manera descentralizada. Para Hernández, este esquema podría tener un alto riesgo de corrupción, por lo que el camino sería reforzar el papel del Adres, pero sin acabar con las EPS.

Mejores condiciones laborales

La reforma a la salud plantea un apartado para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sistema, pero el verdadero revolcón se hará con la reforma laboral, que establece 18 puntos clave, entre los que se destacan los tipos de contratos, la tercerización, los dominicales y festivos y e incluso la regulación de las horas extras.

El Ministerio del Trabajo confirmó que fruto de unas mesas técnicas con sindicatos, empresarios e informales se construirá una reforma integral que se presentará a mediados de marzo. Esta buscará cerrar las brechas, promover el empleo y solucionar problemas de vieja data como los de las plataformas digitales.

José Luis Cortés, abogado, docente y especialista en derecho laboral de la Universidad Sergio Arboleda, explica que la “reforma laboral debe mejorar la flexibilidad en las condiciones de trabajo, modernizar las relaciones laborales y reducir la informalidad (…) Lo anterior con el fin que las cotizaciones al sistema realmente reflejen el verdadero ingreso del trabajador y no como ocurre en la actualidad donde trabajadores que laboran una jornada inferior a la máxima legal (medio tiempo o por horas) tengan cotizaciones al sistema por encima de su realidad salarial, incrementando los costos al empleador y propiciando la informalidad”.

El texto por ahora está en construcción, pero el Gobierno en resumen busca dignificar el empleo, a través del fin de contratos como el de prestación de servicios o de las relaciones laborales que se manejan en las plataformas de economía colaborativa, según ha dicho la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Este podría ser un punto de partida para la reforma, pero hay que hablar de productividad. “Uno de los problemas del trabajo en Colombia es que nuestra economía no produce la cantidad de empleos necesarios para ocupar a toda la población desempleada del país”, reitera Natalia Ramírez, directora del Área de Derecho Laboral y del Semillero de Investigación Trabajo de la Universidad de los Andes. “Eso, por ejemplo, no es un problema que se vaya a resolver flexibilizando las normas laborales”.

¿Pensiones por pilares?

A las discusiones sobre cómo mejorar el sistema de salud y el contrato laboral, se suma una tercera arista: la reforma integral al sistema de protección a la vejez. Se trata de un proyecto que busca mejorar la sostenibilidad del sistema pensional y permitir que más colombianos puedan llegar a una jubilación digna, tal y como lo dice el presidente Petro.

De acuerdo con el Mintrabajo, la propuesta entonces se centrará en construir un sistema de tres pilares: el solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo para quienes devengan hasta cuatro salarios mínimos y que harían sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones; y el tercer pilar para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes a las AFP.

Aunque todavía no se conoce el documento, la discusión tiene tanto de largo como de ancho, ante los problemas estructurales que tiene el sistema. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explica que se debe aumentar la cobertura del sistema de protección, corregir la alta regresividad en el acceso y eliminar las inequidades que se producen tanto en el régimen público como en el privado.

La propuesta que se ha dado a conocer por parte del Ejecutivo tiene varios reproches e incluso pone en riesgo el ahorro de millones de trabajadores, según Asofondos. Actualmente, estos fondos privados registran más de 18,6 millones de afiliados, con cerca de $334 billones (a octubre de 2022). El Gobierno ha abierto la posibilidad para que parte de estos recursos se trasladen a Colpensiones, una medida que tendría graves efectos en el mediano y largo plazo.

“La idea de que sea obligatorio que una parte de la pensión de quienes están en el sistema privado de pensiones sea trasferida a Colpensiones le quita la posibilidad a cada uno de los trabajadores y obliga a que los recursos sean trasladados al Estado. Deberíamos concentrarnos en dar más información a cada trabajador para que sea él mismo quien decida cómo y dónde quiere que sus recursos sean invertidos”, detalla Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Laura Cecilia Porras, profesora asociada de la Universidad de los Andes, añade que la propuesta de que los cotizantes menores de cuatro salarios mínimos pasen a Colpensiones genera preocupación, ya que se trata de un sistema de reparto que funciona muy distinto al de los fondos privados. “Eso implica que en Colpensiones los cotizantes actuales van a ser las personas que van a pagar la pensión de quienes en este momento se están pensionando, pero la población se está envejeciendo rápidamente y entonces la propuesta implicaría que se puede generar un hueco fiscal en el mediano plazo: no van a haber tantos jóvenes para nuestras pensiones”, detalla.

Otro de los puntos que se prevén discutir será la edad de pensión. Petro ha dicho que su propuesta de reforma no subirá los años de jubilación, que actualmente es de 62 años para hombres y 57 años para mujeres, pero lo expertos advierten que elevar dicha edad sería una medida fiscalmente responsable y en línea con lo que ya se ha hecho en otros países de la Ocde.

Este documento está en construcción, por lo que se prevé que en las próximas semanas se conozcan detalles sobre el proyecto, que incluye un fortalecimiento en el programa de Colombia Mayor. Parte de lo que suceda con la presentación de este articulado dependerá del ambiente político que haya con las reformas a la salud y laboral.

El Gobierno Petro pondrá este año todas las cartas sobre la mesa, en una movida que promete marcar el rumbo de su gestión. Si logra un paquete de reformas importante y que logre el objetivo de construir sobre los construido, sin lugar a dudas, el actual gobierno será uno de los más reformistas de la historia reciente del país.