Los principales gremios empresariales del país creen que las reformas del Gobierno se deben analizar en espacios que permitan el debate con argumentos y cifras, no en las calles con marchas.
A propósito de las marchas que se prevén este martes en respaldo del paquete de reformas sociales del Gobierno Nacional, el Consejo Gremial Nacional (CGN) emitió un comunicado advirtiendo sobre las preocupaciones que genera dicha convocatoria por parte del presidente de la República, Gustavo Petro.
“Desde el CGN le hacemos un llamado al presidente de la República que tiene la obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar el acceso de la ciudadanía al contenido de dichos proyectos de ley, para que la ciudadanía, bajo sus propios juicios y opiniones, decida respaldarlas o no”, aseguraron.
Los gremios empresariales pidieron que la ciudadanía y las instituciones democráticas tienen el derecho a conocer con el “suficiente tiempo los textos propuestos por el ejecutivo”, de cara a evaluar los impactos sociales y económicos de dichas iniciativas.
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Asimismo, detallaron, son “deberes de los ciudadanos respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas como lo es el Congreso de la República, para mantener la independencia y la integridad institucional”.
Los empresarios creen que las reformas, que afectarán a millones de colombianos, se deben analizar en los espacios constitucionalmente definidos que permitan el debate con argumentos y cifras. Por eso trasladar el debate a las calles, “promoviendo la injerencia horizontal entre las ramas del poder público pone en riesgo la institucionalidad, especialmente el ejercicio de las funciones del Congreso”.
El Consejo Gremial recordó que, en lo corrido del año, se han presentado cerca de 121 bloqueos en 20 departamentos de Colombia, los cuales han generado una parálisis en la movilidad de aproximadamente 2.121 horas afectando la productividad y competitividad del país.
De ahí a que hacen una invitación a utilizar los canales institucionales para que, en el marco de la Constitución, se garantice un debate democrático, informado y participativo en el Congreso.