"No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero. Muchas preocupaciones se generan a raíz de este proyecto", advirtió Acemi.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó los sobre los riesgos que se vislumbran de la reforma a la salud que se acaba de presentar ante el Congreso de la República. El gremio indicó que con el proyecto de reforma presentado esta semana, las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes.
“No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero. Muchas preocupaciones se generan a raíz de este proyecto”, explicó el gremio.
Acemi detalló que decir que las EPS “son prestadores de servicios de salud equivale a eliminarlas”. Por eso mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores, pues “el proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del sistema”.
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Uno de los puntos que critica es que nadie asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. De hecho, se traslada la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a
las secretarías de salud de las entidades territoriales departamentales y municipales. Advierte, por ejemplo, que “entre 2018 y 2019, las secretarías departamentales de salud sólo lograron verificar y habilitar el 3% de las redes de prestación estructurada por las EPS”.
Para el gremio de las EPS no es “claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario. Esto debido a que “su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente del fondo regional”.
“Preocupa que se reduzca la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual tarifario, sin que nadie supervise la calidad”, advirtieron.
Tal y como se ha alertado desde diversos sectores, Acemi recalcó que la Adres “manejará los recursos temporalmente, mientras las entidades territoriales asumen gradualmente la competencia de los recursos”. Es decir, los recursos de la salud serán entregados a alcaldías y gobernaciones.
Bajo estas críticas, también recogen lo que está consignado en el texto: “Las EPS que estén cumpliendo con los requisitos de habilitación están obligadas a continuar funcionando hasta hacer una entrega ordenada de sus afiliados a los CAPIRS. ¿Cuánto tiempo tomará?, ¿Están obligadas las EPS a quedarse sin tener las herramientas para gestionar la salud de sus afiliados?”
De acuerdo con el gremio, con esta reforma el Gobierno desconoce que la mayoría de los ciudadanos confían y respaldan el trabajo de su EPS.
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