El Gobierno presentó la adición presupuestal ante el Congreso, un proyecto mediante el cual se pide más plata para garantizar los subsidios sociales, la agricultura y el sector salud.
El pasado viernes el Gobierno Nacional mostró finalmente sus cartas y presentó ante el Congreso de la República una adición para el Presupuesto General de la Nación de 2023. Se trata de un ajuste que nace producto de los mayores recursos que recibirá por la reforma tributaria aprobada el año pasado y las exigencias que tiene el plan del presidente Gustavo Petro.
Las nuevas pretensiones de gasto adicional ascienden en total a los $25,4 billones, según confirmó el Ministerio de Hacienda. De ese total, $23.2 billones se buscan a través del proyecto que se presentó, mientras que $2,2 billones vienen de recursos propios de establecimientos públicos y fondos especiales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Uno de los ejes que explicó el Gobierno es que este proyecto de ley busca que el 89,2% del dinero que se gastará vaya destinado al avance de las transformaciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, mientras que el 10,8% va al cubrimiento de obligaciones legales. Eso quiere decir que el presidente Petro tendrá más dinero para cumplir las promesas de campaña, que se centraron en una ambiciosa agenda social y en lograr las reformas, que, tal y como han dicho, permitirán el “cambio”.
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Munir Jalil, director de investigaciones Económicas para la Región Andina en BTG Pactual, destaca que es “un plan que va muy en con lo planteado por el Ministerio de Hacienda en diciembre del año pasado cuando hizo público el Plan Financiero para el 2023”
“En particular, la destinación de los recursos estaba ya anticipada salvo por un 0.1% del PIB en gasto primario adicional el cual no altera el objetivo de lograr un déficit fiscal del 3.8% del PIB para este año”, destaca.
Pese a que el Gobierno gastará más plata, esta adición es fiscalmente responsable, según los expertos. Acá, resaltó Hacienda, se proyectan los recursos de la reforma tributaria del 2022, las utilidades de Ecopetrol y el Banco de la República, e incluso otros movimientos presupuestales permiten aumentar dicho gasto.
“La adición presupuestal destina básicamente todos los recursos a gasto y el esfuerzo mayor por ahorro. Hay que decir que el presupuesto es consistente con la regla fiscal y recordemos que hasta 2026 las metas de reducción se van a cumplir en buena parte por mayor crecimiento de la economía”, añade José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.
Con estas nuevas cuentas, es claro que las prioridades del gobierno Petro estarán enfocadas en un mayor gasto para materializar su ambiciosa agenda social. El rubo de inclusión social y reconciliación tendrá una adición neta de $5,6 billones, de los cuales $5 billones se dirigen a transferencias monetarias que buscan luchar contra la pobreza y pobreza extrema.
Tal y como lo ha dicho Petro, esta agenda social buscará acelerar la focalización de familias de l municipios ubicados en los dos quintiles más altos de incidencia de desnutrición y pobreza multidimensional, así como en municipios PDET. Asimismo, de acá saldrá la plata para el subsidio de Renta Ciudadana, una transferencia por hasta $500.000 para las familias más pobres del país, y para o ‘Jóvenes en acción’ y ‘Familias en acción’.
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Es de resaltar que serán $1.6 billones, que están en el rubro de Minas y Energía, los que se sumarán para los subsidios de energía y gas de cara a atender 13 millones de hogares de estratos 1, 2 y 3; así como el desarrollo de proyectos de inversión de transición energética, consulta previa, ventanilla minera y para la evaluación ambiental de proyectos mineros.
Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica que esta destinación de recursos se hace acorde a las prioridades del nuevo gobierno: “En efecto la mayor destinación se hará para el sector de inclusión social y se gastará principalmente en los programas de transferencias monetarias condicionadas. Por poner otro ejemplo, $3 billones serán gastados en financiar la reforma rural integral. Sin embargo, otra parte considerable de este gasto adicional se destinará al pago de obligaciones ya adquiridas por el Estado como lo son el pasivo pensional a cargo de varias entidades”.
Otra de las prioridades estarán enfocadas en el sector salud. En este rubro se suman $3.5 billones adicionales de cara a los ambiciosos cambios que se proyectan con la eventual reforma del sistema que se apruebe.
A su vez, también se proyecta un mayor gasto (inversión) por $3 billones para la agricultura y desarrollo rural, pues desde el año pasado el Gobierno ha sido enfático en impulsar este sector con una reforma agraria que priorice la compra de tierras y los mayores encadenamientos productivos de los campesinos. Aunque aún no se ha dado a conocer de fondo cuánto sería el costo de estos planes, lo cierto es que es un primer paso para avanzar hacia el cumplimiento de la estrategia.
Los $4.5 billones adicionales que entran a la educación no serán para impulsar nueva infraestructura, sino para pagar la nómina de pensionados de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fonpet). Para esto serán $3 billones, de los cuales $2 billones se financiarán con aportes de la Nación para atender el impacto de las variables macroeconómicas y la variación del crecimiento vegetativo de la población pensionada y $1 billón con recursos provenientes del Fonpet que corresponde al pago del pasivo pensional de las entidades territoriales.
“Los $1,5 billones restantes se dirigirán a los programas generación de la paz, revolución en infraestructura educativa y lucha contra el hambre”, se lee en la exposición de motivos del proyecto.
Cruce de cuentas
El Gobierno Nacional busca sumar recursos ya garantizados a este presupuesto nacional que espera aprobarse entre abril y mayo. No obstante, no hay que olvidarse que se tiene una “deuda” a causa del billonario déficit que se registra en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Por eso el Ministerio de Hacienda hizo una recomposición del presupuesto, mediante el cual toma $18,4 billones que estaban destinados previamente a pagar la deuda con del FEPC y los asigna a otros gastos de funcionamiento e inversión.
De acuerdo con Pardo, un punto clave es que el Presupuesto General de la Nación no recibirá $22,1 billones de pesos provenientes de Ecopetrol. “Esto se debe a que la Reforma Tributaria incluyó un artículo que permite una especie de cruce de cuentas entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda, de tal manera que con los dividendos de la petrolera se cubra de manera directa el déficit del FEPC”.
Con este cruce de cuentas, se utilizarán entonces los dividendos que entrega Ecopetrol para pagar ese déficit, lo que le permite gastarse la tributaria en otros rubros.
“La deuda con el FEPC al cierre de 2022 ($26 billones) la pagará el gobierno cruzando con los dividendos que le entregará Ecopetrol este año, por $29 billones. Lo llama “compensación”. Además, el recaudo de la reforma tributaria en 2023 le permite aumentar aún más el gasto”, dice Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana,
Pese a que no se tiene la cifra exacta sobre las utilidades que tendrá Ecopetrol, Corficolombiana estima que la empresa más grande de Colombia le aportaría este año a la Nación $52,5 billones, de los cuales $29 billones serían producto de dividendos, $12.5 billones de impuestos y $11 billones en regalías.
Corficolombiana estima que las ganancias de Ecopetrol llegarían hasta los $36,6 billones en 2022. Con un payout al 89,7%, se repartirían $32,8 billones, de los cuales $29 billones le corresponderían al gobierno por ser el accionista mayoritario.
Con estas movidas, López de Corficolombiana destaca que el panorama fiscal se ve establece para el 2023, pues la adición presupuestal es consistente con la regla fiscal y lo que ya había anticipado el Gobierno.
Por ahora entonces se prevé que este ajuste sea aprobado en el Congreso, pues el Gobierno dice que “apuntan a expandir la inversión de forma fiscalmente sostenible y acorde con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo”.