La Andi dice que la reforma no es clara sobre el papel de las EPS y añade que tal y como está planteada podría generar burocracia y corrupción.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expuso en un documento las principales inquietudes sobre la reforma a la salud y los puntos que podría reformular de cara al debate en el Congreso.
El gremio empresarial considera que el modelo propuesto afectaría seriamente la atención a los usuarios dado que no se tiene claridad de quien asumirá el papel que las EPS cumplen hoy hacia los pacientes, tales como, agenciamiento, articulación de la red, gestión del riesgo en salud, pago de incapacidades y licencias de maternidad, entre otras.
Destacan que bajo esta estructura, el colombiano pierde el derecho a la libre escogencia que ha sido fundamento del sistema actual. “No resulta claro si el CAPIRS (Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud) representa al usuario, si gestiona su riesgo en salud y también el financiero, si las Entidades territoriales conforman las redes y cómo se garantiza la atención por fuera del CAPIRS para el ciudadano en movilidad”, destacaron.
La segunda inquietud es que el presupuesto de la salud puede desbordarse. La Andi considera que no es claro si ese presupuesto es una cápita o un pago por atención u evento. Por eso, la gestión que hacen las EPS se perdería, incluida la contención del gasto y expondría al sistema a un eventual desborde presupuestal.
Otro de los puntos es que el esquema tarifario único, del que ha hablado en varias ocasiones Petro, puede desincentivar la oferta de servicios de calidad para los pacientes y la inversión en tecnología e innovación en salud.
“La ADRES no cuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede generar un colapso y consecuente fallas en la atención de salud, plantear un pagador único y ubicar en él todas las transacciones del sistema, además de otras que hoy no realiza, es un riesgo para la Entidad, pero sobre todo para el flujo de los recursos oportuno”, aseguraron.
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Tal y como se ha alertado desde diferentes sectores, la estructura de gobernanza planteada en la reforma crearía burocracia, aumenta el riesgo de injerencia política y probable corrupción sobre los presupuestos de la salud en los territorios, advierte la Andi.
“Esta nueva estructura, además de crear una burocracia excesiva, complejiza el flujo de ejecución del sistema y de los flujos de fondos, con el riesgo asociado a la politización y mal uso de los recursos de la salud”, dijeron.
El proyecto de reforma no plantea una transición ordenada para las EPS con riesgo para los usuarios. Esa es otra de las inquietudes, pues las actuales aseguradoras adquieren un papel limitado en el ámbito de la atención primaria y con funciones netamente operativas. No obstante, mantienen su población afiliada, por un periodo indefinido.
Por ultimo aseguran que la propuesta puede tener un impacto fiscal insostenible. El sistema ha enfrentado históricamente y por múltiples razones, dificultades en su financiamiento y en el flujo de los recursos. El 2022, por ejemplo, terminó con un desfase superior a los $3 billones, asociados los presupuestos máximos y rezagos de atención del covid.