El alcalde de Medellín le pidió autorización al presidente Petro para que congele las tarifas en s que anunció el presidente y por eso le pide que se le autorice congelar las tarifas de servicios en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta.

A través de una carta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le solicitó al presidente Gustavo Petro la autorización para congelar la tarifas de servicios públicos del Grupo EPM, que cubre 13 departamentos a través de sus filiales.

“Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las pobres”, dice la misiva de Quintero.

Lea también: Petro propone “democratizar la generación de energía” y los empresarios le responden

El alcalde dice que respalda la intervención de las comisiones de servicios públicos que anunció el presidente y por eso le pide que se le autorice congelar las tarifas de servicios en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta.

Esta es la carta completa enviada por el alcalde:

Es de resaltar que la agencia calificadora Moody’s aseguró que ve con preocupación la intervención de los servicios públicos. Adrián Garza, Vice President – Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service, confirmó que este “nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”.

De acuerdo con Garza, “las iniciativas gubernamentales están destinadas a controlar las tarifas en medio de un ambiente de alta inflación. Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”.