Los funcionarios insistieron en la necesidad de que el aseguramiento social en salud en Colombia funcione bajo un modelo mixto, en el que el rol de las EPS se mantenga.
La permanencia de las entidades prestadoras de salud (EPS) en el sistema fue uno de los puntos críticos de la conversación sobre la reforma a la salud, debido a que se había puesto sobre la mesa la posibilidad de eliminarlas. Pese al anuncio del presidente Gustavo Petro de que las EPS que se adaptaran al nuevo modelo se mantendrían, lo cierto es que sigue habiendo dudas respecto a cómo será su integración.
Frente a este tema, en el documento de consideraciones sobre la reforma a la salud, que le entregaron tres ministros y un funcionario del Gobierno al presidente Petro, se establece la importancia de hablar de un modelo mixto de aseguramiento social en salud.
En ese sentido, los funcionarios sugirieron que dentro del proyecto final hubiera una mejor descripción acerca de las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema de salud dentro del nuevo esquema de atención propuesto.
Como enfatizaron en la misiva, dicha definición del rol de las EPS, específicamente, debía ser lo suficientemente claro como para mostrar que “continúan siendo un actor del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, dice el documento.
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“Las EPS desarrollarán sus funciones mediante la articulación del riesgo individual y colectivo en salud a través de los diferentes niveles de atención a cargo de las instituciones prestadores de servicios de salud de carácter público, privado o mixto y en general de los demás integrantes del sistema”, dice la modificación sugerida a la norma.
“La atención primaria en salud se prestará a través de Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva -CAPIRS- en Salud que son instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público, privado o mixto. Corresponde a las EPS contratar, auditar y pagar los servicios prestados por los CAPIRS”, añade.
Igualmente, plantean que, frente al proceso de transición de las EPS, todas aquellas que cumplan con los requisitos para adaptarse al nuevo modelo deberán tener las garantías para su operación, sin que pierda sus funciones de afiliación y atención. “En este sentido, deben gestionar el riesgo integral en salud, de manera coordinada con los CAPS, y administrar el riesgo financiero”, señalan.
Entre otras consideraciones llamaron la atención sobre los riesgos constitucionales de las propuestas, en la medida en que interviene en materia tributaria. “No es posible que el Gobierno nacional decrete exoneraciones o exenciones que afecten directamente elementos esenciales del tributo”, apuntan en el documento, por lo que la Ley en materia tributaria es competencia de la Rama Legislativa.
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