Los activistas ambientales lograron frenar la exploración minera legal en la provincia de Soto norte en Santander, pero no hicieron nada para impedir la contaminación por cuenta de la minería ilegal. eL gobierno nacional insiste en que no permitirá que las multinacionales realicen minería en el departamento, pero de otra parte no hay acciones para impedir el desastre ambiental que ya se concretó. Hay demasiado en juego.
A dos horas y media de Bucaramanga está el Páramo de Santurban, una de las fuentes hídricas más importantes de Colombia. Allí están seis municipios que hacen parte de la Provincia de Soto Norte, un área que se extiende entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Se trata de una zona de por lo menos 25.000 habitantes que viven de la minería, la agricultura y las artesanías.
A pesar de la diversidad de la vocación productiva, gran parte del desarrollo social se ha dado a partir de la extracción del oro. El potencial de este mineral asciende a las 10 millones de onzas enterradas, lo que ha llamado la atención de barequeros, asociaciones familiares, multinacionales y hasta mafias.
La “fiebre del oro”, como la ha catalogado en reiteradas ocasiones el propio presidente Gustavo Petro, ha provocado que en los últimos años se profundice la minería ilegal. Basta con solo ver lo que sucede en el área de influencia del Páramo, en inmediaciones de los municipios de Vetas y California, donde se realizan actividades sin control, con explosivos e invadiendo incluso títulos otorgados desde hace años a las compañías.
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Así lo resume Fabio Maldonado, director de la Fundación Gran Impacto Social por California, quien detalla que se realiza una minería informal, con escasa tecnología y pocos estándares ambientales, lo que genera una mayor contaminación y unos índices desbordados de mercurio en la boca toma del Acueducto Metropolitano, que sirve a más de 1,6 millones de personas del departamento.
La situación es crítica, se ha vuelto paisaje y al parecer las autoridades departamentales y el Gobierno Nacional no tienen una respuesta clara sobre cómo atajar el problema. Parte de lo que sucede es que se ha creado un falso dilema en el que mientras se sataniza la empresa privada y se ponen trabas en materia de licenciamiento ambiental, se da libertad total para que las mafias actuén en el territorio, impongan sus negocios y causen graves afectaciones al ecosistema.
La situación
No se tiene cuantificada la extracción ilegal en la zona, pero lo cierto es que se ha creado un negocio que al año mueve millones de dólares, según cuenta Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de Minería (OCMI). De acuerdo con el académico, en California, por ejemplo, se pasó de “una economía austera, a un fenómeno social en el que se ven vehículos de alta gama, incrementos en el costo de vida y una bonanza producto de la ilegalidad”.
“Lo que pasa es que normalmente sacan el oro, lo venden en Medellín y ya tienen sus formas con los que logran legalizarlo”, cuenta Güiza. “Se ha visto que la capacidad que tiene el Estado para controlar estos fenomenos es muy baja, a tal punto que las empresas han tenido que demandar ante las cortes internacionales. Acá se atacan a las multinacionales, pero pareciera que se permite la actividad, que en muchos casos la confunden con los mineros ancestrales”.
La historia ha mostrado que en el territorio se ha minizado el papel de la empresa privada y se ha creado un discurso erróneo sobre los impactos que tendría la minería a cargo de las multinacionales. Precisamente en 2019 la canadiense Eco Oro renunció al proyecto Angostura, una iniciativa a gran escala con la que se buscaba explotar oro al norte de Santander. Ante la negativa de la autoridad ambiental y las trabas políticas, los inversionistas argumentaron que era inviable el desarrollo minero en esta zona del país.
Los títulos de esta empresa quedaron a la deriva, lo que provocó que estas hectáreas pasaran a manos de ilegales que se han venido tomando la zona sin ningún permiso ambiental. Ramíro Vásquez, representante de la Veeduría Ciudadanía Activa Santandereana, advierte que las afectaciones van incluso hasta el río Suratá, pues “lamentablemente no se han atendido los llamados de los ciudadanos y se ha puesto en riesgo la salud pública”.
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No solo la ciudadanía ha alertado sobre la situación, sino también la Sociedad Minera de Santander (Minesa) que se ha sumado a la discusión, rechazando la contaminación con mercurio y cianuro. La multinacional, de propiedad de la canadiense Aris Mining y el fondo árabe Mubadala Investment Company, está detrás de Soto Norte, un megaproyecto en el que se prevén invertir $1,2 billones y el cual aún sigue frenado a causa de la falta de licenciamiento ambiental.
Aunque en varias oportunidades se ha difundido que la empresa ha realizado actividades de explotación minera en California u otros municipios de la Provincia, lo cierto es que la compañía se ha mantenido al margen, promoviendo la consulta previa y avanzando hacia dicho licenciamiento. Sin embargo, los esfuerzos han sido en vano, pues hasta el momento no se han logrado los permisos, dejando en vilo millones de dólares de inversión, así como regalías e impuestos.
Forbes consultó con la empresa, pero prefirieron no pronunciarse frente al tema teniendo en cuenta que siguen en conversaciones para lograr la licencia social en el territorio. No obstante, sí confirmaron que “es fundamental trabajar de forma mancomunada con quienes conocen y han preservado la minería en esta zona”. Por eso, “en este tiempo nos hemos asociado con mineros tradicionales y galafardos para lograr su formalización, quienes gracias a su disciplina y perseverancia hoy están encaminados en el desarrollo sostenible de la región”.
¿Minería ilegal sí y legal no?
La discusión sobre si se permite minería o no en Soto Norte, especialmente con el proyecto de Minesa, se ha convertido en una tema nacional, que ha puesto al Gobierno, entes de control e incluso altas cortes a emitir conceptos sobre su alcance. No obstante, esto ha llevado a que se construya un discurso errado, en el que se ha difundido que la minería de esta multinacional pondría en riesgo las fuentes hídricas que nacen del Páramo.
Forbes revisó el contrato de concesión que reposa en la Agencia Nacional de Minería y en el que se especifíca que el proyecto se ubica por fuera de los límites del Páramo de Santurbán, entre Suratá y California. En ese mismo documento, de hecho, se detalla que es un área total de 380 hectáreas y 7.715 metros cuadrados, que se ubican entre los 2.200 y 2.640 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que el límite del Páramo está en los 3.300 msnm.
Pese a que se ha demostrado que en su pico más alto el complejo minero no registraría afectaciones ambientales, la operación legal se mantiene congelada, pero la ilegalidad ya se ha tomado algunas zonas del Páramo, con minas que tienen una red de socavones irregulares e improvisados.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), explica que “es necesario diferenciar entre la minería ilegal y la extracción ilícita de minerales, que no son lo mismo. Esta última en muchos casos instrumentaliza y hasta esclaviza a mineros que gozan de especial protección legal, como son mineros tradicionales, ancestrales y artesanales”. Por eso, argumenta que es “se requieren acciones contundentes que permitan la clara diferenciación de los mineros con protección legal para que no sean estigmatizados y perseguidos, mientras los verdaderos grupos que lo controlan ni siquiera son mencionados ni menos identificados y judicializados”.
Bajo este dilema, la Procuraduría ha dicho que es necesario que el Ministerio de Ambiente agilice este proceso de delimitación del Páramo ordenado por la Corte Constitucional ya hace cinco años. Asimismo, han hecho un llamado a que se cumpla la orden judicial, pues dilatar este proceso solo afecta la formalización de los pequeños mineros y favorece a quienes desarrollan actividades ilegales en el ecosistema.
Forbes consultó con la Agencia Nacional de Minería sobre el plan de acción que tienen para frenar la ilegalidad. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
El Gobierno Nacional se ha mostrado reticente sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo y permitir la minería a gran escala en Santander. El dilema es que mientras se dilatan estas decisiones, hay riesgos de que crezca la ilegalidad, se agudice la contaminación y se provoque un daño irremediable en los ecosistemas.