El Ministerio de Hacienda confirmó que con la reforma pensional los déficit del sistema se podrían reducir de 67,5% a 55,2% del PIB.
A propósito del impacto fiscal que tendría la reforma pensional que presentó el Gobierno Nacional al Congreso la semana pasada, el Ministerio de Hacienda detalló que el proyecto podría reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo.
En concreto, dice la cartera económica, con la implementación de la reforma pensional el valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.
Según el Gobierno Nacional, estos efectos favorables se darían debido a los nuevos flujos de recursos que obtendrá Colpensiones con la reforma, a la eliminación de los subsidios a las pensiones relativamente altas y la implementación de un fondo de ahorro, con las respectivas rentabilidades, como parte de un manejo responsable a los recursos del sistema pensional.
Con la reforma se prevé la creación de un fondo de ahorro, que invierta en TES de la Nación. Por eso, el Ministerio de Hacienda dice que, gracias a su funcionamiento, se acumularán recursos por $124 billones al 2030 (a precios de 2023), dado el flujo de cotizaciones adicionales que obtendrá Colpensiones y los traslados desde los fondos de pensiones.
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“Este instrumento evita que el ahorro nacional se deteriore, y permite mantener el dinamismo del mercado de deuda pública. Se trata de un compromiso clave de la política macroeconómica del país”, destacaron.
El Ministerio de Hacienda aseguró que, en medio del debate público sobre la reforma, algunos analistas económicos han presentado escenarios “fatalistas del impacto de la reforma sobre la sostenibilidad
del régimen pensional”. Sin embargo, a juicio del Gobierno, esas estimaciones presentan “falencias conceptuales y metodológicas”.
Otro punto que aclararon es que la creación del pilar solidario permite triplicar el monto de la transferencia mensual dirigida a los adultos mayores y llegar a cerca de 450.000 nuevos beneficiarios. El Gobierno dice que esto “permitirá reducir en más de 50% la incidencia de la pobreza moderada, y en más de 85% la incidencia de la pobreza extrema en la población mayor de 65 años, con un costo fiscal neto de $3,8 billones a precios de 2023 (0,24% del PIB)”.
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