¿Qué hay detrás de la discusión entre el Gobierno Nacional y Rappi?

La reforma laboral que actualmente cursa su trámite en el Congreso de la República abrió la puerta para establecer nuevas reglas que permitan regularizar el empleo a través de plataformas digitales como Rappi. La iniciativa plantea, a grandes rasgos, un mecanismo de contratación para que este tipo de trabajadores puedan acceder y cotizar a seguridad social.

Aunque dicha discusión aún no ha empezado en el Legislativo, lo cierto es que desde las últimas semanas el debate se ha agudizado ante las declaraciones que se han dado por parte del Ministerio de Trabajo y la startup colombiana. Tras la radicación del texto, varios de los actores han alertado sobre las implicaciones que traerían las medidas que diseñó el Gobierno Nacional, pero también hay quienes han salido a defender, argumentando que se busca “dignificar el trabajo”.

Alianza In, gremio que reúne a plataformas digitales, ha reiterado que la reforma tal y como está pone en riesgo la destrucción de más de 80.000 trabajos de personas que operan como repartidores en aplicaciones móviles.

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“Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social; sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos”, dijo hace unos días José Daniel López, director de Alianza In. “Este sector económico cumple una importante función social (para varios grupos poblacionales) y está comprometido y listo para darse la pela y mejorar la formalización y protección de los repartidores”.

Rappi, cofundada por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, es la startup más grande de Colombia y uno de los unicornios de mayor proyección en América Latina. Nació en 2015 y hoy está presente en 9 países de la región y más de 250 ciudades. Desde su fundación, la empresa ha establecido un modelo laboral mediante la figura de trabajadores independientes vinculados a la plataforma. Esto quiere decir, en resumen, que son personas que se vinculan como colaboradores, sin ningún tipo de obligación con la empresa.

Precisamente la semana pasada Borrero argumentó la plataforma brinda una flexibilidad para que las personas obtengan ingresos en cualquier momento. En entrevista con Semana, el CEO de la aplicación explicó, por ejemplo, que “un estudiante que está en la mitad de parciales tiene un día libre, necesita pagar sus estudios, se puede conectar y ganar dinero. Como se plantea en la reforma, esto no sería posible”.

De acuerdo con Borrero, hoy cualquier persona puede conectarse desde su celular y generar ingresos inmediatos. Eso genera que establecer un contrato laboral, con horarios, no sea una opción para muchos colaboradores, pues es parte de la premisa natural con la que están concebidos los negocios de la economía colaborativa.

El debate

En este debate, Rappi ha argumentado que si la reforma se aprueba sus trabajadores tendrían que ser empleados con horarios fijos y no podrían acceder a dicha flexibilidad. Borrero ha dicho que “la gran mayoría de los rappitenderos no quieren eso, pues quieren más protección y más bienestar”.

Desde la plataforma han argumentado que si esta iniciativa se aprueba el 90% de los trabajadores digitales quedaría por fuera y se dañaría totalmente el modelo. “Rappi y las demás plataformas están construidas para brindarles oportunidad de ingresos complementarios a miles de personas y la reforma va en contravía de ese modelo”.

Y es que a raíz de las más recientes declaraciones de Borrero, el Ministerio de Trabajo adelanta una investigación para establecer realmente cuáles sobre las condiciones laborales de la startup colombiana. Según detalló esa cartera, se le solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) la información para verificar si la empresa de domicilios cumple con los requisitos como independientes.

“Como son independientes, lo que voy es a corroborar que lo son. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar una Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el que lo contrata tiene que suministrar la cuenta de la planilla y vemos si es verdad que se está cumpliendo.  Créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales”, dijo Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo.

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Ramírez dijo esta semana, tras una reunión con periodistas, que al validad las cifras de Rappi no coinciden con los aportes que deberían estar efectuando como empresa en temas se seguridad social. 

“Lo que sí nos ha quedado claro es que las cifras que nos han dado no son las correctas. Acá no hay 130.000 domiciliarios. Yo dije, si son independientes vamos a cruzar los datos con la Ugpp, ya empezamos a cruzar y la Ugpp muestra que solo hay 2.876 reportes por la planilla Pila donde los trabajadores independientes están pagando la seguridad social”, aseguró la ministra al respecto. 

El Ministerio también confirmó que adelanta una diligencia ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para identificar si se han dado incumplimiento tributarios en temas como la retención en la fuente. 

Las salidas

El CEO de la plataforma sostiene que uno de los principales problemas es que el actual sistema colombiano exige que solo se puedan cotizar sobre un salario mínimo completo, lo que desprotege a los trabajadores que trabajan pocas horas a la semana y ganan 300.000 pesos al mes.

“El sistema no recibe aportes de quienes trabajan pocas horas a la semana, y esa es la explicación del alto nivel de informalidad en Colombia”, dice.

Según el directivo, “en los últimos seis meses ganaron ingresos a través de Rappi 150.000 personas. Si se juntan todas las plataformas, son más de 300.000 personas. En nuestro caso, entre 80 y 85% trabajan ocasionalmente, así que la minoría está de tiempo completo y ese grupo tampoco quiere la laboralidad forzosa porque sus ingresos promedio son de 11.000 pesos por hora, frente a un salario mínimo que actualmente está en 4.800 pesos”.

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De cara al debate, desde las plataformas digitales se ha propuesto que es necesario seguir el modelo chileno, donde el año pasado se aprobó un marco normativo para regularizar las nuevas formas laborales de este tipo de startups de la economía colaborativa.

Allí, se estableció por un ejemplo un contrato de de prestación de servicios, en el que se establece los trabajadores deberán firmar un contrato, fijando términos y condiciones; precios y tarifas; criterios de contacto y coordinación entre trabajador y usuario; protección de datos personales; tiempos máximos de conexión.

Asimismo, que habrán casos que se establecen como independientes, por lo que las mismas plataformas deberán exigir la documentación tributaria para corroborar que se cotice por los servicios prestados.

Las plataformas aseguran que es necesario que la reforma laboral incluya alternativas para que en Colombia se pueda trabajar y cotizar por horas. Justamente, la ministra Ramírez confirmó esta semana que la iniciativa sí permite la “contratación de tiempo parcial con derechos para que la gente pueda cotizar de manera parcial”.

Bajo este panorama, el Ministerio de Trabajo confirmó que se recibirán nuevas propuestas de las plataformas, pero reiteró que ya se abrió la puerta para que a partir de la aprobación de la iniciativa los trabajadores informales puedan empezar a cotizar por horas trabajadas y no por encima del umbral de un salario mínimo.

“Estamos hablando con las diferentes plataformas, nos hemos reunido con varias de ellas. Para la semana se pascua nos reuniremos con más empresarios para que nos ayuden a regularizar de la mejor manera”, confirmó la ministra.

Es de resaltar que la ministra confirmó que la vinculación de los domiciliarios no debería realizarse bajo una sola modalidad de trabajo, pues la idea es que estén regularizados bajo uno de los cinco tipos de contratos que contemplaría la ley: término fijo, término indefinido, obra labor, contrato a tiempo parcial con derechos o contrato agrario.

En este último, por ejemplo, se le permitirá a los agricultores o jornaleros poder cotizar los días trabajados en el campo, sin restricción alguna sobre un mínimo. De hecho, se abre la puerta para que el mismo empleado puede pactar con el empleador el pago de los salarios, los derechos y las obligaciones.

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