Golpe a la transición energética

En el mundo entero hay una gran conversación sobre lucha contra el cambio climático y la carbono neutralidad en diferentes sectores de las economías y Colombia no ha sido ajena a esta conversación. Tanto así que vimos unos avances importantísimos en política pública, derivados de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, las cuales dieron las señales correctas para que todo tipo de agentes, públicos, privados, pequeños, medianos y de gran escala, hicieran apuestas para construir los primeros proyectos de estas nuevas tecnologías, eólica y solar, para complementar la matriz energética y hacerla aún más limpia. 

Sin embargo, desde la llegada del nuevo gobierno, se vienen mandando mensajes contradictorios a la transición energética y que pondrían en riesgo el desarrollo de los proyectos de energía renovable. 

Así las cosas, vemos con preocupación que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Presidente Gustavo Petro, que traza la hoja de ruta del Gobierno Nacional, en su artículo 188 contempla el aumento de las transferencias que debe hacer el sector eléctrico de 1% a 6% para las generadoras de energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), un golpe contundente para las apuestas de la transición energética en el sector de generación eléctrica. 

Lo que estipula el PND en este aspecto indudablemente afectaría el equilibrio financiero de proyectos FNCER hasta llevarlos, en muchos casos, a ser inviables. Esto, sumado a desincentivos que se incluyeron en la Reforma Tributaria aprobada hace unos meses en la que se creó un mínimo de tributación del 15%, retrocediendo sobre avances fundamentales incluidos en las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, en las cuales se dieron señales positivas para motivar el ingreso de más fuentes FNCER en la matriz eléctrica colombiana. 

Lo anterior preocupa al sector de generación eléctrica porque esta es una industria en la que la política pública es fundamental para dar las señales de inversión y para que las empresas puedan continuar desarrollando los proyectos de la “transición”, principalmente solares y eólicos. 

A esto se suman los retos sociales, ajenos a las empresas, y que en muchas ocasiones retrasan los proyectos y complican la construcción de los proyectos, además de la falta de seguridad en algunas regiones del país y retrasos en el desarrollo de infraestructura de transporte, la devaluación, la subida de las tasas interés. En conclusión, la tormenta perfecta para que la transición energética en Colombia, lamentablemente, no siga el camino trazado por varios gobiernos anteriores.

Y hacemos un llamado especial al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para trabajar conjuntamente con los agentes del sector en la construcción de normatividad que no vaya en contravía de los procesos que exitosamente se vienen desarrollando en Colombia. La política pública es clave para fomentar las inversiones en energías renovables y en eficiencia energética. Credibilidad, previsibilidad y confianza para todos los agentes del sector.

Por: Natalia Gutiérrez*

*La autora es presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen)

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