Un informe de la Eafit muestra que el déficit fiscal se ampliaría hasta un 4,9% del PIB si se aprueban las reformas tal como están.
Las reformas sociales que está tramitando el Gobierno Nacional limitaría el crecimiento de la economía colombiana, reducirían la generación de empleo y ampliarían el déficit fiscal proyectado para 2030. Así lo concluye un estudio de la Universidad Eafit, en el que analiza cómo estos proyectos de ley, tal como están, generan algunos factores de riesgo en el largo plazo.
En un escenario base, la Eafit detalla que el crecimiento del PIB al 2030 sería de 3,4%, con un escenario promedio de 2,7% entre 2022 y 2030. Con las reformas, por el contrario, plantean que el crecimiento de la economía sería tan solo del 2% al 2030 y de un 2,2% promedio entre 2022 y 2030%.
El documento destaca, por ejemplo, que estas reducciones se darían debido a que con la reforma a la salud se perdería el gestor de riesgo en el sistema, lo que reducirá su eficiencia e incrementaría los recursos que el país tiene que destinar al sistema la salud. En la laboral, se elevarían los costos, lo que incidiría en el empleo.
En cuanto al déficit fiscal proyectado, el estudio añade que en un escenario sin reformas se llegaría en un -2,4%, mientras con las reformas del Gobierno un 4,9%, es decir un 2,5 puntos porcentuales más.
La Eafit también hace un análisis sobre la coyuntura económica y resaltar que este año reinará la incertidumbre en los mercados mundiales por la inflación, la tasa de interés y el complejo panorama de evolución de la guerra en Ucrania. Sin embargo, en Colombia, dice el estudio, habrá un componente adicional: se generan grandes tensiones en la implementación de las reformas en que está comprometido el gobierno.
Proyectan que en el escenario básico se daría un crecimiento del 0,7% en 2023, con un sesgo a la baja hasta -0,4%, y un sesgo al alza (menos probable) de 1,6%.
Parte de lo que definirá el crecimiento será, destaca el informe, “la capacidad del Gobierno de convocar al sector empresarial, en un entorno de certezas jurídicas y gestión adecuada de los derechos de propiedad; el manejo prudente del presupuesto público, manteniendo los compromisos implícitos en la regla fiscal adoptada en la última reforma tributaria; la implementación efectiva, pero también responsable de las políticas sociales en las que está comprometido el presidente Petro.
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