La Contraloría calculo las millonarias pérdidas que se generan tras el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, de las cuales estaba a cargo Prodeco.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, dio a conocer los problemas que se han derivado del cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar, las cuales estaban a cargo de Prodeco.
De acuerdo con la Contraloría, “La Jagua y Calenturitas son de vital importancia en la minería del Cesar y del país”. Su cierre ha provocado un “fuerte impacto económico y social” en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, que hacen parte del denominado corredor minero del Cesar.
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La Contraloría destacó que en operación estos dos proyectos daban empleo a más de 7.400 familias (1.200 empleos directos y 6.200 contratistas) y producían anualmente alrededor de $500.000 millones en regalías, impuestos y en compras y contratos.
Por eso, advierten que la pérdida de las compensaciones sociales directas se ven reflejadas con el no recaudo del orden de 350.000 dólares anuales, tras la renuncia al contrato de concesión, así como el incumplimiento a los compromisos de reasentamiento de las comunidades de Boquerón, Plan Bonito y el Hatillo.
Millonarios impactos
El ente de control argumenta que con la renuncia a los contratos de concesión se dejaron de recibir contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, que no se pueden garantizar en los próximos. Estas contraprestaciones, por ejemplo, ascendieron a $2,66 billones entre 2012-2021 y para los años 2021-2030 se tenían estimadas en $2,24 billones.
Asimismo, “se pierde la inversión social anual proyectada que para el año 2022 estaba estimada en $1.700 millones. Otra situación que surge es que los bienes objeto de reversión gratuita (maquinaria y equipo e inmuebles e instalaciones etc.) pasarían a ser del Estado, por lo que se genera un riesgo por obsolescencia de la maquinaria minera cuyo valor está estimado en cerca de $2.000 millones de dólares”, dijeron.
Confirmaron que a partir de la terminación de los contratos que tenía Prodeco se viene generando a cargo del estado un costo para el mantenimiento en condiciones operativa de las minas y sus maquinarias, calculado en $7 millones de dólares mensuales, de acuerdo con lo informado por la empresa.
“Desde el punto de vista ambiental, se identifican los riesgos de posible ausencia de salvedades y salvaguardas en la liquidación de los contratos mineros considerando el cumplimiento de las obligaciones ambientales insatisfechas y las que se puedan generar en los Planes de Cierre definitivos”, concluyeron.
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