Un estudio de Fedesarrollo muestra que solo para el 2024 se estima un déficit de $1,8 billones para el fisco por congelar los peajes en el país.
Un estudio de Fedesarrollo analizó las consecuencias de congelar las tarifas de peaje en Colombia, tal como anunció el Gobierno Nacional a principios del año. En concreto, el documento concluyó que se generaría un billonario déficit para las cuentas fiscales, pues sería el dinero que se tendría que girar a favor de los concesionarios.
En el análisis, Fedesarrollo calculó el diferencial de los flujos de caja entre el escenario con congelamiento de tarifas permanente vs. sin congelamiento, con base a las inversiones realizadas por las concesiones durante el periodo de 2000 a 2021.
De acuerdo con esos cálculos, “se estima que el tamaño del déficit a favor de los concesionarios sería de $800.000 millones en 2023, $1,8 billones acumulado a 2024, $7,6 billones al 2030 hasta alcanzar un nivel de cerca de $13,8 billones al año 2040”.
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Asimismo, el cálculo sería similar a partir del flujo de recaudo de peajes observado en seis de las principales concesiones de 4G. “En este caso, el déficit de estos proyectos sería de cerca de $2,1 billones a 2040”, destaca el documento.
En enero de este año, el Ministerio de Transporte emitió un decreto en el que se congelaron las tarifas de peaje para los vehículos que transitan por las 143 estaciones que administra el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el país. En su momento, la cartera de Transporte explicó que la medida era necesaria para garantizar la continuidad de los servicios y reducir el impacto de la presión inflacionaria sobre la población.
Los investigadores de Fedesarrollo concluyeron que dicha decisión puede generar un costo permanente para el fisco. “Este año los peajes deberían haber subido 13%. En 2024 deberían subir aproximadamente (1+13,3%) *(1+8,5%) – 1 = 23,5% (8,5% inflación estimada en 2023). “Este incremento tiene poca viabilidad política y podría generar un déficit permanente en los ingresos de los concesionarios, lo que conllevaría a una obligación adicional para el Estado de cubrir dichos recursos”, agregaron.
También destacan que congelar los peajes envía señales erróneos a los inversionistas y podría la movilización de recursos para las nuevas obras que se proyectan en el país.
“En el presente cuatrienio, se paralizarían las APP de 5G de iniciativa pública en proceso de estructuración o de construcción, ante la perspectiva de que el contrato de concesión se desvirtúe explícitamente o de facto de manera imprevista”, destaca el documento. “También aumentaría la litigiosidad por parte de los proyectos en construcción en caso de que el congelamiento tarifario conduzca a la imposibilidad de pago de las inversiones”