La agencia calificadora de riesgo asegura que "la ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia (Baa2, perspectiva estable) intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas".
El más reciente informe de Moody’s advierte sobre los riesgos crediticios que se podrían generar en América Latina si continúa el descontento social y político. La agencia detalla que se han creado tensiones políticas que ponen en riesgo la calificación de los países.
“Las crecientes riesgos sociales y políticas presentes en América Latina se han convertido en factores cada vez más relevantes de los riesgos crediticios para los emisores en la región a través de riesgos de gobernabilidad; cambios de políticas e intervención gubernamental; canales de transmisión que impactan el desempeño económico y la volatilidad financiera”, dice Ariane Ortiz-Bollin, vicepresidente senior de Moodys y coautora del informe.
En el documento analizan la coyuntura de los principales países de la región y general destacan que se ven riesgos sociales latentes. Para el caso de Colombia, concluyen que la ambiciosa agenda de reformas del gobierno intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas.
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“Si bien las propuestas de reformas abarcan las empresas públicas, los bancos, las empresas, las carreteras de peaje, las empresas eléctricas y las empresas de servicios públicos, los entornos institucionales sólidos actuarán como frenos y contrapesos, lo que limitará el riesgo de cambios radicales”, sostienen.
La volatilidad financiera y los cambios de política representan los principales canales crediticios de los riesgos políticos de Argentina, añaden. Según Moodys, la inestabilidad económica afecta la calidad crediticia soberana, bancaria y corporativa de ese país.
En Chile ven que a pesar de que se tiene una gobernabilidad sólida, los riesgos sociales son moderadamente negativos. “A medida que el gobierno busca abordar las demandas sociales de una mejor calidad y cobertura de servicios, los sectores más expuestos a los cambios de políticas incluyen bancos, empresas mineras y proyectos de energía”.
El análisis también destaca que el resurgimiento de las protestas sociales en Perú crearía riesgos de gobernabilidad, lo que representaría una amenaza para emisores soberanos, bancarios, turísticos y minoristas. Por eso aclaran que la “escalada de protestas y las interrupciones operativas representan riesgos para los activos de infraestructura crítica y los nuevos desarrollos del país”.