El Comité de la Regla Fiscal recomienda hacer algunos ajustes a los textos radicados ante el Congreso.
El Comité de la Regla Fiscal publicó este martes un documento mediante el cual se analizan los riesgos fiscales de la reforma pensional y de salud que actualmente tramita el Gobierno Nacional a través del Congreso de la República.
En cuanto a la pensional, destaca que es positivo que elimina la competencia entre regímenes, disminuye los subsidios a las pensiones altas y amplía la cobertura. Además, destacan, “incluye un componente solidario financiado con el Presupuesto General de la Nación, que, si bien incrementará las obligaciones de gasto futuras y la inflexibilidad del gasto público, genera un mayor esquema de protección al adulto mayor”.
El Comité considera que se deben hacer algunas modificaciones en el texto por razones de sostenibilidad fiscal. Una de ellas es que se reduzca el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a 1 salario mínimo, que se ahorre el 100% de las cotizaciones que por virtud de la reforma pasan del régimen de ahorro individual a Colpensiones, que no sea posible utilizar los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo; y que se garantice que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales, con incentivos adecuados para maximizar el retorno de las inversiones.
Dicen que, sin la reforma, el valor presente neto (VPN) de los flujos del Gobierno a Colpensiones por el pilar contributivo, a 2100, ascendería a -132,5% del PIB. Con el proyecto de ley radicado llegaría a -160,5% del PIB. No obstante, de completarse las recomendaciones, el VPN se podría corregir a -151,6% del PIB.
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“El costo fiscal neto de la reforma depende críticamente de la gestión de los recursos del Fondo de Ahorro: una caída de 1 punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro representa un mayor costo de la reforma de hasta 12% del PIB y el Fondo se agotaría 9 años antes de lo previsto”, sostienen.
El Comité hace una invitación al Gobierno para que revise los parámetros de la reforma de tal manera que se limiten los efectos adversos en términos de costo fiscal.
En ese mismo sentido, advierten que a la par se estaría generando un costo fiscal importante por cuenta de la reforma a la salud. El Gobierno ha dicho que eso implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre $4 y $7 billones de pesos, según las cifras publicadas por el Gobierno.
Incluso si estos recursos son programados dentro de los topes de gasto compatibles con la Regla Fiscal, el Comité identifica cinco riesgos asociados con el proyecto de reforma que se estudia en el Congreso: uno, el costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto; dos, el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan; tres, insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones; cuatro, falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación; y quinto, indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.