Un informe del Banco de la República, en el que se concluye que la reforma laboral provocaría un recorte de 454.000 empleos, generó un nuevo pulso entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Andi Bruce Mac Master.
El más reciente informe técnico del Banco de la República sobre la reforma laboral que tramita el Gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso continúa generando voces a favor y en contra. El documento, de 34 páginas, concluye a grandes rasgos que la iniciativa podría generar incrementos importantes en costos, así como un eventual recorte de empleos.
El análisis destaca que entre los artículos del proyecto cuantificables en los costos laborales están aquellos que reforman la jornada laboral, la contratación por prestación de servicios, la indemnización por despido, la remuneración de aprendices, la indexación de salarios hasta de dos salarios mínimos a la inflación, el trabajo a través de plataformas digitales y la eliminación de los contratos sindicales.
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Por eso establecen que, solo en el componente salarial, el incremento en los costos promedio podría oscilar entre el 3,2% en un escenario de bajo impacto, y el 10,7% en uno de alto impacto. “Por su parte, el valor de las indemnizaciones se incrementaría en promedio en 92%, lo que, al tener en cuenta las tasas de despido del segmento asalariado, implicaría un aumento entre el 1,2% y el 1,9% del costo laboral promedio”, agregan.
El equipo técnico también asegura que con esta reforma laboral se da el incremento en los costos salariales, por lo que se recortarían “454.000 empleos formales (en un rango entre 152.000 y 746.000, dependiendo de la respuesta estimada del empleo formal a los costos salariales), equivalente a una reducción de 2,1 puntos porcentuales de la tasa de formalidad, en un horizonte de entre tres y cuatro años”.
Las reacciones
Aunque de entrada algunos sectores han asegurado que se debe replantar el proyecto que cursa en el Congreso, otros continúan respaldando la iniciativa, pese a las advertencias del equipo técnico del Banco Central. El presidente Gustavo Petro, por ejemplo, ya se pronunció sobre el análisis e incluso advirtió que la metodología que se usa es cuestionable.
“El documento no es oficial del Banco de la República sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable. Tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí. Para Keynes como para la economía política, tesis en las que nos sustentamos, el empleo depende de la capacidad productiva de la sociedad”, dijo el Jefe de Estado.
De acuerdo con Petro, “dado que tenemos población no empleada abundante, el empleo dependerá de abaratar el crédito, la energía, de proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, de hacer producir la tierra, etc, y no de la tesis anacrónica, sobre que el empleo crece porque se abarata el salario, que se ha comprobado con los datos, no es cierta para Colombia”.
El presidente destacó que la política económica del gobierno gira alrededor de pensamientos “diferentes” a la base teórica del artículo”.
De hecho, recordó que si “abaratando el salario se creará empleo, Colombia tendría pleno empleo pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales. Contrario a la falsa teoría del artículo, Colombia tiene de los peores salarios, de las jornadas laborales más largas, una bajísima productividad y una tasa real de desempleo salarial que llega al 60% de su población activa”.
Sobre este tema, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sostuvo que “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye”.
Para el líder gremial, la reforma que se debe tramitar debe crear empleo, reducir la informalidad y generar más actividad económica. “La economía entra en un momento complejo de crecimiento en el cual el empleo de los colombianos debe ser prioridad para todos. El estado tiene herramientas técnicas que permiten evaluar cada uno de estos aspectos, lo razonable es tomar decisiones con conocimiento pleno de las consecuencias de las reformas”, concluyó.