Acolgen le pidió al Gobierno acelerar el licenciamiento ambiental de los proyectos de energías limpias, pues se están generando demoras que envían señales negativas a los inversionistas.
Las demoras en el licenciamiento ambiental, las numerosas consultas previas en los territorios y la incapacidad institucional para acelerar los trámites están poniendo en jaque la transición energética en Colombia, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro.
A los mensajes erróneos que se han enviado desde el Ejecutivo en los últimos meses se ha sumado en las últimas semanas la incertidumbre sobre las dificultades de llevar a cabo los proyectos, así como las demoras que se siguen registrando en la construcción de los mismos.
Así lo expresó la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, quien argumentó que en este momento un proyecto que debía demorarse cuatro años en ejecutarse, se podría estar tardando hasta ocho años para entrar en operación. “Estas demoras implican, no sólo una señal negativa para atraer nuevas inversiones, sino que los colombianos no contarán con mayor oferta que permita tener unos precios más competitivos”, confirmó.
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De acuerdo con los datos de la Asociación, que agrupa gran parte de las empresas generadoras de Colombia, en los últimos años han entrado 1,5 gigas al mercado. Esto es una cifra mucho menor a lo que se esperaba, pues para 2020 entró solo el 16% de la capacidad esperada; en 2021 solo el 7% y en 2022 el 28%”.
Gutiérrez destacó que es necesario acelerar los proyectos y enviar mensajes correctos en materia regulatoria. “Sí, tenemos más oferta eléctrica, tenemos más confiabilidad y mejores precios. Intentar es avanzar, pero no es suficiente. Necesitamos un mayor compromiso de todos los colombianos para que los proyectos de generación entren pues nos van a traer grandes beneficios”, dijo.
En este momento, dijo, la transición energética está en “cuidados intensivos” ya que en el país aún no han entrado algunos proyectos clave como los de La Guajira y la Colectora, la principal línea de transmisión de esa zona del país, que prevé conectar los proyectos eólicos con el sistema interconectado nacional.
Los empresarios creen que es momento de que la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Consulta Previa deben acelerar el licenciamiento social y ambiental de los proyectos, así como apoyar el diálogo de las empresas con las comunidades.
Justamente, esa fue una de las peticiones que hizo Gutiérrez al presidente, pues en concreto se requiere una modernización institucional que esté a tono frente a los nuevos retos del sector.
La visión del gobierno
Aunque desde el Ministerio de Minas y Energía ya se definió un equipo técnico para apoyar ese diálogo con comunidades en La Guajira, el presidente Gustavo Petro dijo que es consciente de que las entidades del Gobierno Nacional no están preparadas para las nuevas realidades que demanda el sector.
El Jefe de Estado, incluso, le dio la razón a algunos empresarios sobre la incapacidad institucional que se registra en Colombia. De hecho, aseveró: “Frenar un proyecto de energías limpias por razones ambientales es un exabrupto y eso está matando la humanidad”.
“Hay que hacer una mesa ya, esto es urgente, esto es emergencia. Los tiempos hacen que los gobiernos sean de emergencia, así serán los gobiernos del mundo en los próximos años. Esta ya es una emergencia”, dijo el mandatario al aceptar que es momento de que las entidades del Gobierno actúen para acelerar la transición.
El Gobierno Nacional confirmó que se establecerán nuevas mesas técnicas para evaluar los avances de la transición, los proyectos, las cifras y cómo se continúa descarbonizando la economía. Los empresarios, por su parte, advirtieron que es necesario el apoyo gubernamental de cara a materializar los miles de millones de dólares que prevén invertirse en los territorios.
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