Los 3,1 billones en subsidios que tienen en problemas a las empresas de energía

A la incertidumbre jurídica y regulatoria que se percibe en el sector energético se ha sumado en las últimas semanas una nueva preocupación. Se trata de las dificultades financieras por las que estarían atravesando algunas empresas distribuidoras de energía por cuenta de los billonarios recursos que tienen que entregar a través de la factura y que aún no son desembolsados por el Gobierno Nacional.

La situación es compleja y en algunos casos “crítica”, según le comentaron a Forbes fuentes cercanas al sector. El impacto ya está incluso afectando la caja de las compañías y lo cierto es que por ahora no hay una respuesta concreta sobre cómo se resolverá este lío, que, de fondo, parte de la viabilidad fiscal que tenga el país.

El problema radica en que año tras año el Gobierno Nacional debe entregar millonarios recursos a las empresas para retribuir las ayudas que se otorgan vía tarifas. Hoy en Colombia se apuesta por un esquema de subsidios en la tarifa de energía, el cual tiene como objetivo disminuir el costo de la factura para los usuarios de estrato 1,2 y 3.

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Por ejemplo, el estrato 1 recibe hasta el 60% del consumo de subsistencia, el 2 hasta el 50% y el 3% hasta el 15%. Al estar subsidiado ese porcentaje, la plata con la que se compensa sale de unas contribuciones adicionales que pagan los estratos 5 y 6, los del sector comercial, así como del Presupuesto Nacional.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), dichos subsidios representan cerca de 5,7 billones al año, pero el problema es que solo se recauda en contribución $1,9 billones. Por eso el déficit restante, que corresponde a $3,8 billones, es la plata que debe poner el Gobierno y que normalmente se incluye en los presupuestos.

Para 2023 se aprobaron se aprobaron recursos importantes, pero quedó un déficit de $2,3 billones, que, sumados los 800.000 de la opción tarifaria que tienen las empresas, llega a los $3,1 billones, según alertan desde el sector. Este dinero aún no ha sido entregado a las empresas, por lo que ya se prenden las alarmas por las implicaciones que se darían si el dinero no llega.

Las empresas ya han tocado varias veces la puerta con el Gobierno y aún no se les ha dado una respuesta en concreto. De hecho, si bien en el proyecto de Adición Presupuestal que se planea discutir en las próximas semanas incluye dichos recursos, desde Asocodis se alerta que son insuficientes.

“Los recursos que se solicitaron incluir en el proyecto de ley eran del orden de $2,3 billones, los cuales no se ven reflejados en su totalidad dentro del monto asignado en la cuenta de “Consolidación productiva del sector eléctrico”. Dicha cuenta presenta un monto de 1,19 billones de pesos, de los cuales 944.000 corresponden al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – que a su vez se distribuyen entre los recursos requeridos por nuestras empresas y otras asignaciones”, dice una carta enviada al presidente Gustavo Petro y firmada por José Camilo Manzur, director de Asocodis.

Según esa misiva, esta plata “es fundamental” para evitar impactos en las facturas a los usuarios más vulnerables. “Si bien el incremento de las tarifas promedio nacional de nuestras empresas en los últimos meses ha sido inferior a la variación del IPC, debido a las medidas establecidas a través del Pacto Tarifario, la no apropiación de los recursos para cubrir el déficit de subsidios para los meses faltantes del 2023 podría verse reflejado en incrementos significativos en las facturas”, destacan.

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Por ahora se ha dicho que el costo de las facturas se podría elevar debido a las dificultades de caja de las compañías y a que no tienen los recursos apalancar o financiar dichas transferencias.

Por eso lo que argumentan las empresas es que el Gobierno debe incluir $3,1 billones en la Adición Presupuestal que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, pues son recursos “urgentes” para lo que queda de este año. En dado de no girarse la plata, de entrada advierten que estaría en riesgo sostenibilidad financiera de las distribuidoras, así como se abriría la puerta para que se den incrementos en la factura de energía que pagan los colombianos más vulnerables.