El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que, si se va a hacer una paz total, es necesario que la política de orden publico y derechos humanos funcione.
El fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió al anuncio de un fondo internacional multidonante desde el Gobierno nacional para financiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que deje de delinquir. Al respecto, detalló que se puede catalogar como una vacuna contra los colombianos de forma masiva, entregando un estímulo para la criminalidad en dieferenes territorios del país. Los colombianos no merecen ser vacunados publicamente.
Barbosa, que estuvo presente en la clasura de la edición 57 de la Convención Bancaria, también se refirió tácitamente a la investigación que se adelanta en el caso de la niñera de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, y dijo que será la justicia la que le de tranquilidad a la ciudadanía, además de que la serenidad de los otros poderes públicos será esencial. Asimismo, detalló que “esta Fiscalía no le obedece ni le responde a los medios de comunicación ni a ningún grupo de poder, sino a la Constitución Política”.
“La justicia no es un elemento de derecha o izquierda, sino un derecho constitucional. Lo que ha ganado Colombia en institucionalidad es lo que nos ha permitido sostenernos durante nuestros momentos difíciles. Eso nos ha permitido avanzar”, añadió.
El fiscal expresó su preocupación sobre el aumento de 68% en las masacres del país, con la mayor concentración de víctimas en los lugares donde se han pedido órdenes de levanamiento de captura para el proceso de paz y donde no se han materializado ordenes de captura. Al respecto, aseveró que “yo no he pedido suspender ordenes de captura contra narcotraficantes para que se diga que la Fiscalía no contesta comunicaciones sobre el Clan del Golfo”.
En ese orden de ideas, habló sobre los procesos que se adelantan contra Salvatore Mancuso, el funcionario reveló que la Fiscalía le ha imputado 38,626 hechos delictivos en los últimos 17 años. De ese total, en sus tres años y medio de gestión se le han imputado 20.295.
“Si se va a hacer una paz total, es necesario que la política de orden publico y derechos humanos funcione, porque debe articularse entre Fiscalia, Ejército, Policía y todas las divisiones y estructuras que hagan que opere adecuadamente”, aseveró.
Barbosa también reveló que la Fiscalía le ha entregado $28 billones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en estos tres años y medio, así como $854.000 millones al fondo de víctimas que administra la SAE. Sin embargo, aseguró que la monetización de esos recursos depende del Ministerio de Hacienda, y señaló que “esto no es con denuncias como se administra. Le toca a uno saber cómo poner en camino una política de monetización de esos recursos”.
Al concluir su inervención, el fiscal subrayó que afirmar tesis antagónicas y debatir no son aspectos de preocupación en una sociedad democrática. Por ello, hizo un llamado a un diálogo respetoso desde los poderes públicos, donde la prudencia constitucional e institucional prime sobre la exaltación y donde la estabilidad prime sobre la seguridad institucional.
“La mejor forma de honrar los acuerdos es cumplir los principios. El Estado ha llegado a los territorios con la Fiscalía, pero debe hacerlo con todos los organos”, añadió.