Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advierte que hay riesgos fiscales tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos.
El gobierno de Colombia está llevando el gasto al límite y a esto hay que sumarle que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se han incorporado las nuevas erogaciones que podrían generar las reformas pensional y de salud.
Por el lado de los ingresos, hay demasiadas preguntas sobre cómo va a lograr cumplir la Dian las metas que se le han impuesto en materia de recaudo y solución de litigios con los contribuyentes. Y por el lado de los gastos, el aumento en las erogaciones puede poner al gobierno en el límite del incumplimiento de la regla fiscal.
Esto es lo que lleva al economista Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), a señalar que eso puede significar un hueco para el próximo año cercano a dos puntos del PIB, es decir, unos $30 billones.
“Eso sería el incumplimiento total de la regla fiscal”, advierte Velasco. Para él, por el lado del ingreso hay dos preocupaciones. Primero, el Marco Fiscal establece que el arbitramento de litigios podría generar unos ingresos adicionales de 0,9% del PIB.
El experto considera que allí hay dos errores: primero, financiar gasto estructural con ingresos de una sola vez y, segundo, confiar en que la estrategia no tendrá ninguna dificultad jurídica. Esto último es así, porque el arbitramento de litigios tiene implicaciones legales, pues se trata de recursos públicos y las altas cortes han señalado que no es posible saltarse el procedimiento judicial corriente.
“Con el arbitramento de litigios se trata de acelerar los fallos tributarios en beneficio de la Nación, porque tradicionalmente esto es un pleito que se demora hasta 10 años. Si lo logra, el gobierno resuelve problemas de caja. Lo que pasa es que eso implicaría limitar el poder de las Cortes en una cosa que es de ellas”, reiteró. Según el experto, algunos consideran inclusive que se necesita tramitar un proyecto de ley ante el Congreso, para darle estructura a la estrategia.
Lo más preocupante es que por esta vía el Gobierno está esperando para las próximas tres vigencias (2024, 2025 y 2026) casi $30 billones.
Ratificó que se trata de un ingreso coyuntural, que no se puede considerar para lograr el superávit primario estructural. Por eso dijo que solo ese hecho estaría generando el incumplimiento automático de la regla fiscal en estos tres próximos años.
El otro aspecto de los ingresos es que hay un importante rubro que depende de la gestión de la Dian. La meta es aumentar este recaudo en 0,8 % del PIB en 2024 y a partir de 2025 en 1,3% del PIB.
Para el miembro del comité, el problema es que para lograrlo se necesita cumplir con el incremento de auditores de la Dian de 11.000 a 21.000, como está previsto en el proceso de modernización de la entidad. El experto cree que eso no será posible dentro de este o el otro año, porque contratar y formar esa masa de personal para las labores de auditoría se tomará más tiempo.
Gastar y gastar
Por el lado del gasto, las preocupaciones también son grandes, porque ya está aumentando el nivel de compromisos presupuestales y prueba de ello es que si bien el país logró conseguir en las últimas dos reformas tributarias cerca de 2,5% del PIB hoy la plata sigue sin alcanzar.
“El gasto público está aumentando tanto que está en máximos históricos, sin intereses y sin Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fpec) era 16,1 % del PIB en 2021 y subió a 17,6% 22 y para el resto de las vigencias se espera llegue a 19,4%”, comentó.
A esto hay que sumarle que por la reforma a la salud va a haber erogaciones adicionales en 2025 cercanas a 0,4% del PIB por año. En el caso de la reforma pensional se prevé un aumento de gasto cercano a 0,3% del PIB.
“Esos gastos no se encuentra en el Marco”, destaca Velasco.
En general el panorama fiscal se ve complejo para los miembros del Comité de la Regla Fiscal. Esa mezcla de mayor gasto, financiada con ingresos no estructurales, puede poner al país contra las cuerdas en materia de financiamiento. Eso podría resulta muy caro en términos de intereses y acceso a crédito.