La petrolera estatal dijo que hasta ahora las investigaciones han arrojado que ninguna de las personas involucradas en el caso es funcionaria de Grupo Ecopetrol o sus filiales.

El escándalo por presunto contrabando y robo de petróleo, que involucra a importantes empresarios del país, el Eln y Ecopetrol y que habría causado una grave afectación sobre las finanzas del Estado sigue estando en el ojo público. Esta vez, a través de un comunicado oficial, la petrolera se pronunció frente a las investigaciones que se adelantan.

En el documento la compañía detalló que ha venido trabajando de manera articulada con las autoridades para prevenir, controlar y perseguir el robo de hidrocarburos. Agregó que producto de esta colaboración “han sido condenadas más de 400 personas, se ha ordenado la extinción de dominio de bienes y se ha logrado el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a este delito”.

En cuanto a esta investigación, en donde se presume que empleados de la compañía habría participado de la red delictiva, Ecopetrol dijo que desde el 2021 ha trabajado en conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional- Dijin en las investigaciones que se llevan a cabo por la operación denominada como ‘Bunkering Imperio’, la cual vincula a varias compañías y personas comprometidas en el saqueo de petróleo colombiano.

Al respecto, la petrolera estatal aclaró que desde el año pasado dio por terminada su relación comercial con la única empresa involucrada en esta red de robo de crudo con la que tenía contratos.

Además, indicó que “contrató una reconocida firma internacional que luego de adelantar las verificaciones no encontró indicios sobre la participación de funcionarios del Grupo Ecopetrol en estos actos ilícitos”.

Enfatizó que “ninguna de las personas vinculadas a esta investigación son funcionarios del Grupo Ecopetrol” y que tanto la petrolera como su filial Cenit y el Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal que está en curso.

Ecopetrol también señaló que en los últimos meses se ha reunido con las autoridades del Gobierno y de la Fuerza Pública (FF.MM. Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Dirección General de la Policía Nacional) para evaluar y definir estrategias conjuntas en contra de estas acciones delictivas. 

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