A partir de la facturación de agosto, EPM inició el cobro y recaudo entre sus usuarios de los aportes obligatorios establecidos en el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, por el cual el Gobierno Nacional establece medidas especiales para contar con recursos que contribuyan a la energización del área rural y no interconectada […]
A partir de la facturación de agosto, EPM inició el cobro y recaudo entre sus usuarios de los aportes obligatorios establecidos en el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, por el cual el Gobierno Nacional establece medidas especiales para contar con recursos que contribuyan a la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en La Guajira.
De acuerdo con el Decreto, se incluirá en todas las facturas del servicio público de energía eléctrica que se emitan en el resto del país, un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, cuyo pago será obligatorio.
La medida tendrá una vigencia de seis meses o por un tiempo mayor si así lo determina el Congreso dentro del año siguiente.
El Decreto determina cobros mensuales obligatorios, así:
▪ Usuarios de estratos 4, 5 y 6: 1.000 pesos por factura.
▪ Usuarios comerciales e industriales: 5.000 pesos por factura.
Los usuarios que pertenezcan a los estratos 4,5,6 e industriales y comerciales y tengan la modalidad de Energía Prepago también pagarán los valores establecidos por el Gobierno Nacional, cada vez que hagan una recarga.
Como resultado de ello, los usuarios de energía pospago y prepago de EPM comenzarán a recibir estos cobros en sus facturas del servicio de energía desde este mes.
Los pagos de los usuarios serán puestos a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni). La administración de los fondos recaudados corresponderá al Ministerio de Minas y Energía.
Según el Decreto 1276, el no pago de este aporte tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio de energía eléctrica.
GREMIOS CRITICAN IMPACTOS DEL DECRETO
En una carta dirigida al ministro de Minas, Andrés Camacho, nueve gremios (Andesco, Acolgen, Andeg, Ser Colombia, Naturgas, Andi, Asoenergía, Acce y Asocodis) criticaron las medidas establecidas en el Decreto 1276 “porque no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica de La Guajira, en tanto que no solucionan la ausencia de infraestructura, ni el atraso en el desarrollo de los proyectos de energía y, menos aun, las grandes dificultades sociales que se presentan en el Departamento”.
Según explicaron, la mayoría de las disposiciones previstas en el Decreto generan un impacto negativo para todo el país y, específicamente, para los usuarios del servicio de energía eléctrica, ocasionando incrementos en las facturas tanto por la suspensión de contratos de energía como por el aporte definido para el Departamento.
“Paralelamente, con la modificación de las subastas del Cargo por Confiabilidad, se están realizando cambios estructurales al mercado de energía que afectarán a los usuarios en el largo plazo, con injerencias en la libre competencia en la oferta, la formalización eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas”.
Finalmente, señalaron que por la vía de la emergencia se alteran las condiciones de sana y libre competencia, no solo a los proyectos a desarrollar en La Guajira, dada su riqueza eólica y solar, sino en general para todo el país.