Según la cartera, el año pasado fueron asesinados 60 defensores de la tierra y el medioambiente en el país, que contarán con una mayor protección gracias a la vigencia del Acuerdo.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, dijo que la ratificación de la ley es fundamental para proteger a los defensores ambientales.
“Esta es una ley y un tratado internacional que básicamente le da poder a la ciudadanía, en función de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta, de la defensa de la vida”, dijo la funcionaria.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta suscrita por 24 países, que busca fortalecet las capacidades y la cooperación de la ciudadanía a través del diálogo y la transparencia en la información ambiental.
“Desde el Ministerio de Ambiente buscamos reconocimiento, acompañamiento y resarcir ese rol del defensor ambiental en las comunidades, que sea su primera protección, así como la hoja de ruta de derechos humanos que hemos implementado y a la cual muchos de ellos ya han acudido”, subrayó la ministra Muhamad.
Las objeciones de los críticos
Pese a que el proyecto fue propuesto por gobierno del saliente presidente Iván Duque desde el 2020, la iniciativa fue objeto de críticas por algunos congresistas, e incluso por el Consejo Gremial.
“La soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque cuando fusiona derechos humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”, dijo en su momento la senadora María Fernanda Cabal.
Entre tanto, en septiembre de 2020 el Consejo Gremial envió una carta al entonces presidente, Iván Duque, en la que pedían la no ratificación del Acuerdo.
En la misiva, los dirigentes gremiales dijeron que el país ya contaba con suficientes mecanismos de participación ciudadana, de protección ambiental y de acceso a la información, y que si no se daban las claridades correspondientes, se podían “establecer limitaciones en proyectos generadores de empleo y de desarrollo social, necesarios para el progreso del país”.