Gremios del sector eléctrico le piden al gobierno no estigmatizar la iniciativa privada 

En la primera Asamblea Caribe de Energía y Servicios Públicos el Ministro de Minas y Energía realizada el pasado 17 de septiembre en Santa Marta, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lanzó duras acusaciones contra el sector privado e invitó a la ciudadanía a apoyar la modificación de la Ley de Servicios públicos con el fin de modificar el cobro de las tarifas de energía a nivel nacional.

“Desde que privatizaron Isagen nos quedamos sin la posibilidad de que el Estado tenga la capacidad de generar energía. La privatización nos tiene como estamos. Tiene a la gente en sus casas padeciendo”, señaló el funcionario.

En respuesta a las afirmaciones de Camacho, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia emitieron un comunicado en el que le piden al ministro no estigmatizar al sector privado y reiteraron que están dispuestos a compartir visiones en compañía del Gobierno, los usuarios y los sectores sociales, para seguir construyendo y avanzando.

“Aunque hay cosas que mejorar, el énfasis debe estar en la causa en lugar del síntoma; el enfoque debe estar en mejorar las condiciones de la población, y generar nuevos empleos para que los ciudadanos tengan la capacidad de pagar sus servicios y necesidades, o en su defecto en captar mayores recursos para apoyar a los usuarios con el pago de sus facturas, sin comprometer la confiabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos”, señalan.

En cuanto a la participación del sector privado, recuerdan que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica.

“Está demostrado que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio”, afirman en la carta, y agregan que, gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes.

Sobre el uso de los recursos de los subsidios, señalan que empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, sino que lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga.

“Una parte de dichos subsidios se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación”, agregan.

En cuanto a la ley de servicios públicos, admiten que si bien hay que actualizarla se debe tener cuidado de no perder lo logrado, construyendo sobre lo construido. “Estamos dispuestos a acompañar dicho esfuerzo, como de manera reiterada lo hemos indicado en diferentes espacios”.

También subrayan que no es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente. “El país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado”.

Finalmente recuerdan que la opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo. 

“Al respecto ya hemos remitido propuestas incluyendo que el gobierno aporte recursos directos y financiación suficiente para apoyar a los usuarios, en lugar de culpar a las empresas por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia”.