Como consecuencia de los bloqueos que exigen la búsqueda de dos hermanos desaparecidos, la salud de los trabajadores también está en riesgo.
A raíz de los bloqueos a la central hidroeléctrica de Hidroituango, EPM anunció en un comunicado que teme por la salud y la vida de unos 3.000 trabajadores de la planta, así como por la seguridad energética del país.
Los bloqueos buscan presionar por la búsqueda de Luis Orlides y Luis Alberto Mazo Jaramillo, dos hermanos que desaparecieron el domingo en la zona de influencia del proyecto. Los protestantes, quienes impiden el paso de vehículos y suministros a la planta por vía terrestre y fluvial, exigen que la hidroeléctrica y EPM pongan a disposición de la búsqueda a un equipo de buzos.
“Esta labor de búsqueda de desaparecidos corresponde a los organismos de socorro”, asegura el comunicado de EPM. La compañía antioqueña también confirmó que, bajo el principio de solidaridad contemplado en la ley colombiana, prestaron su equipo de lanchas y drones para la búsqueda, así como acompañamiento psicosocial y hospedaje para las familias de los desaparecidos, e incluso hidratación para los socorristas.
Sin embargo, los bloqueos continuan hasta el momento, y EPM cree que esto pone en riesgo la salud y bienestar de los más de 3.000 trabajadores de la planta que se quedan sin alimentos ni agua potable. Los empleados de la central hidroeléctrica tampoco pueden cambiar de turno debido a los bloques, por lo que el funcionamiento de la planta se pone en riesgo.
Además se vería gravemente afectada la seguridad energética del país, si se apagan las turbinas que proveen a la red eléctrica nacional con 600 megavatios continuos (6% de la demanda de energía nacional). Esta es una situación agravada por el fenómeno de El Niño, que se espera que disminuya la capacidad de las centrales hidroeléctricas que proveen la gran mayoría de la energía en el país.
No solo se impacta a Hidroituango, sino también a las comunidades adyacentes cuyo abastecimiento también depende de estas vías. Se ve en riesgo el suministro de gas, alimentos y atención de salud a los habitantes de los municipios de Valdivia, Ituango y Briceño.
También se ponen en peligro los mismos protestantes. Al bloquear los túneles de acceso, los manifestantes ponen en riesgo su vida ya que estos lugares son propensos a incendios.
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