Cuando una persona comete un delito y es capturada por la Policía pasa a ser responsabilidad de los municipios o distritos, quienes deben velar por su integridad y seguridad mientras inicia el proceso judicial, en ese momento la persona se conoce como sindicada, y con ella pueden ocurrir dos cosas, que un juez la condena y la entrega la Nación para trasladarla a una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, o la deja en libertad.



En el entretiempo debe estar en una edificación del Distrito, como las estaciones de Policía y las URI de la Fiscalía. El problema es que en ciudades como Medellín el hacinamiento alcanza el 200 %. Para resolver el problema la Corte Suprema de Justicia declaró, en 2015, a los privados de la libertad sindicados en estado de cosas inconstitucional por una violación a los esquemas de Derechos Humanos, y dio unos tiempos solucionar, cuyo plazo máximo es 2023.



Bajo ese escenario Medellín tenía dos caminos para resolverlo, uno, el camino ‘rápido’, pero con un puerto inseguro, hacer una nueva cárcel para sindicados mediante una obra pública, donde el distrito saca toda la plata, construye y opera por sus propios medios, pero con tiempos inciertos, mayor riesgo de corrupción y poca claridad a largo plazo en la operación de la cárcel.



O el camino ‘largo’, pero con un puerto seguro, que es una asociación público-privada, con unos tiempos mayores, pero que transfiere los riesgos del negocio a la concesión, desde los diseños constructivos, la construcción y la operación. Como se ejecuta con dinero del privado se evitan problemas como los ‘elefantes blancos’ y hay menos riesgo de corrupción.



El caso de Medellín es excepcional porque no solo eligieron el camino largo, sino que encontraron un mecanismo de concesión por APP con la capacidad de estructurar, licitar, conceder y ejecutar dentro de la misma Alcaldía, la Agencia APP, una oficina especializada única a nivel nacional.



El resultado, una nueva cárcel que estará ubicada en el corregimiento San Cristóbal, tendrá una capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad y se construirá con estándares técnicos y de seguridad de última generación y con la consulta de la USPEC, entidad que se encarga de la regularización de la normativa carcelaria en el país.



Agencia APP, el corazón del proyecto



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Rodrigo Foronda Morales, Director General de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP), explica que esta se encarga de la cualificación del paisaje urbano y de intervenciones como arte urbano, muros verdes, y la puesta en valor de los bienes de interés cultural y el cuidado del patrimonio construido para evitar su deterioro.



“Hoy el distrito de Medellín cuenta con una entidad con la capacidad de hacer toda la cadena de valor de la concesión. Nosotros, in house, estructuramos la factibilidad, hacemos la licitación y somos la entidad concedente. Los estudios factibilidad ‘in house’ se tasaron en $2.717 millones, mientras que en el mercado una consultoría similar puede costar más $4.500 millones, lo que se traduce en una eficiencia del 66 %.”, cuenta el director.



La cárcel de sindicados, un proyecto ya adjudicado



Los ganadores de la adjudicación son el concesionario Prodemex, una empresa mexicana que tiene experiencia copulada en construcción y operación de cárceles, algo muy escaso y en Colombia no había un oferente de ese tipo. Lo que viene ahora es firmar el contrato, llevar los diseños a fase tres, empezar la construcción en un año y la entrega y puesta en operación. El concesionario tendrá los derechos de operación de la cárcel por 17 años.



“Nosotros le decimos, tiene hasta un año para refinar los diseños, pero puede hacerlo en menos, y hasta un año para construir, pero puede hacerlo antes y así empezar a ver su inversión de forma efectiva. Ellos no ven un peso hasta que no reciben el primer privado de la libertad, entonces es de su bolsillo la construcción, la puesta a punto, la inversión en tecnología, lavandería, cocina, así que le interesa entregar rápido para empezar a facturar”.



Cuando la calidad es un buen negocio



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Aunque la Ley 1508 fue concebida para infraestructura vial, este proyecto se rige bajo su normativa. La ley establece que el sistema de retribución en estas concesiones es por el cumplimiento de niveles o estándares de servicio, es decir pagan por la calidad.



El director explica que el Distrito paga según los ‘tickets’ o quejas que se presenten en la operación de la cárcel, por ejemplo, la hora en la que sirvió el almuerzo, la hora de entrega del uniforme, la asistencia médica y psicosocial, que no haya fugas, incidentes de seguridad, corrupción o violencia. Hay un rango de tolerancia en cada ítem, pero por cada ticket se rebaja el pago, es decir cuántos menos tickets mejor, y las faltas graves implican una reducción significativa.



Impacto a la comunidad de San Cristóbal y a los sindicados



“Le dábamos un puntaje adicional a los oferentes que más recursos destinaran en obras concertadas con la comunidad. Este hizo la oferta de obras por valor de mil millones de pesos, nada menor para el corregimiento. En cuanto al impacto a los sindicados viene en la alimentación, asistencia psicosocial, conectividad para audiencias, que resuelve el problema de vulneración de derechos”.



Otra gran ventaja del modelo es que tiene interventoría permanente en dos momentos, uno durante la construcción de la obra con un equipo de ingenieros, arquitectos, entre otros, y dos, en la operación de la cárcel durante los 17 años de la concesión con otro equipo de profesionales garantizando el funcionamiento.



Medellín hacia el futuro



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En pocas palabras, los próximos alcaldes tienen una caja de herramientas ‘superpoderosa’ para solucionar los problemas de la ciudad vía APP, un mecanismo más eficiente, transparente y eficaz que los tradicionales donde el problema no se soluciona integralmente. Otro logro de la Agencia APP es poder estructurar la factibilidad completa, el componente jurídico, estratégico, comercial, financiero, técnico y arquitectónico, con el ‘dream team’ a bordo como el ingeniero estructural de la cárcel que es Antonio De Blas, un ingeniero español de amplia experiencia en este tipo de infraestructuras.



“Son tres excelentes noticias las que hoy se le entregan no solamente al Distrito de Medellín, sino al país. Primero, la solución del problema penitenciario y carcelario. Segundo, la obediencia a la sentencia por el personal privado de la libertad. Y la tercera, quizás la más importante, que Colombia ya cuenta con una entidad de la administración distrital, de la Alcaldía de Medellín específicamente, especializada en la estructuración de proyectos de factibilidad de concesiones de infraestructura social (no vial) vía APP. Esta es otra forma de construir la Medellín del futuro”, finaliza Rodrigo Foronda Morales, director General de la Agencia APP.

Medellín tendrá la primera cárcel construida y operada vía APP en el país

Con la Cárcel Metropolitana para Sindicados, Medellín será la primera ciudad de Colombia donde se construya y opere un centro carcelario mediante concesión vía Asociación Público-Privada. La Agencia APP fue responsable de estructurar el proyecto, licitar y ser concedente. Otro hito para el país y que es referente para atracción de capitales privados para solución de problemas públicos.

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